DECLARACIONES JUDICIALES
El juez encarcela a cinco detenidos del caso Acuamed e impone fianzas o otros ocho
Al director general de esta empresa pública le pagaron un trasplante de pelo
Por un trasplante de pelo. Este fue uno de los regalos que recibió el director general de Acuamed, empresa pública ascrita al Ministerio de Agricultura, Arcadio Mateo, por "urdir un conjunto de actuaciones" para imponer en dicha empresa "numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y de los ciudadanos". Así consta en el auto de prision que ha dictado contra él el juez Eloy Velasco que también acordó el ingreso en prision de otras cuatro personas e impuso fianzas a otros ocho detenidos, que oscilan entre los 12.000 y los 50.000 euros. Y que fueron abonadas casi en el acto por lo que quedaron en libertad.
El magistrado explica que Mateo desde mediados del 2014 llevó a cabo una serie de actuaciones "conscientes y queridas (se habla de presiones) para beneficiar a empresas privadas como FCC, Acciona, Abengoa o Altec que con informes falsos lograron que la administración les pagase por sus fallos en las obras adjudicadas.
Así ocurrió con la desaladora de Almeria, adjudicada a FCC y Abengoa, que quedó "inservible" tras una inundación. Y que logró una compensación de 40 millones de euros pues las "obras habían sido pactadas a muy alto nivel en el Ministerio". La desaladadora sigue sin ser arreglada, pero en los presupuestos generales del 2015 se consignaron 36 millones en compensaciones y 22 millones en el del 2016.
Otros contratos fraudulentos se llevaron a cabo en la descontaminación del pantano de Flix. FCC presentó "una reclamación ilegal de 30 millones de euros" que al final supuso un perjuicio para la administración de 40 millones de euros. Las otras irregularidades se cometieron en una presa de Valencia y en la desaladadora de Torrevieja que fue adjudicada a Acciona que quiso facturar 17 millones de euros tras presionar "para cobrar fondos europeos".
El resto de operaciones bajo sospecha son la desaladadora de Campello que se adjudicó a Altec, aunque los informes técnicos no lo aconsejaban, la presa del río Serpis en Valencia y las conducciones de la desaladadora de Murcia en la que se instalaron los tubos más caros de la región, según el juez.
Mateo ejercía sus actividades con mano de hierro y no dudó en "mover de sus cargos o destituir" a los funcionarios que no seguían sus instrucciones. Y les sustituyó por personas de su confianza como Gabriela Mañueco, que era su mano derecha, Francisco Javier Gómez y Pablo Martín. Estos "se plegaron a sus órdenes por no contrariar a sus superiores, por miedo a ser despedidos" o para obtener beneficios como el alquiler de coches de lujo, estancias en hoteles de lujo, o colocación de familiares en las empresas privadas. Mateo fue agasajado con una viaje a Turquía. Todos ellos han ido a prisión.
En esta operación también se sumaron "altos empleados" de las empresas que pagaban las prebendas para "hinchar los beneficios de sus empresas y para ampliar su prestigio profesional" como es el caso de Nicolás Sttegman que también ha sido encarcelado.
El juez imputa a estas personas una ristra de delitos como organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. El togado explica que ha adoptado estas medidas por el riesgo de fuga y para evitar que intenten "amañar" las pruebas o influir "en contratistas o funcionarios honrados que les plantarán cara". Y es que como ha declarado uno de los acusados "el dinero público no es de nadie".
En sus comparecencias judiciales solo declararon tres de los 13 detenidos que fueron arrestados el pasado lunes.
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