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El 'president' habla claro y firme en el Senado

JOAN TAPIA

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Elpresident acudió ayer al Senado para instar a la renovación de los cuatro miembros del Constitucional (TC) que nombra dicha Cámara y que llevan ya casi tres años de prórroga. Poco después, los grupos catalanes presentaron una propuesta de reforma de la ley del TC para limitar sus poderes sobre los estatutos aprobados en referendo. La iniciativa prosperará porque el PSOE votará la toma en consideración. Otra cosa es que luego la discusión sea áspera porque los catalanes (PSC incluido) piden más de lo queJosé Luis Rodríguez Zapateroconsidera asumible. Y en pocos días el Parlament pedirá –con el 85% de los votos– que el TC no dictamine sobre el Estatut.

Ayer,Montilla–hablando en catalán, gallego y euskera en el Senado español– lideró la defensa del Estatut, elaborado por el Parlament, negociado y retocado después en las cámaras españolas y votado finalmente por el pueblo de Catalunya. La defensa del Estatut está siendo firme. Catalunya votó una forma de relación con España –el Estatut– y el Parlamento español –expresión de la soberanía popular– la enmendó y ratificó. No puede ser que luego un TC, con legitimidad legal pero también desacreditado, entierre la Carta catalana y, como dijo ayerJoan Herrera,el pacto constitucional de 1978, que generó gran confianza en que Catalunya puede ser libre y plena en la España constitucional.

Montilla advirtió de que una sentencia contraria generaría frustración y enrarecería, todavía más, la relación Catalunya-España. A ello contribuiría la amplia sensación de que con el Estatut ha habido mucho juego sucio. En el TC actual solo hay seis magistradosplenossobre 12. Los cuatro que elige el Senado llevan 30 meses de prórroga (tres propuestos por el PP y uno por el PSOE, cuando en la renovación quedarían dos a dos). Hay una vacante (por defunción) entre los elegidos por el Congreso. Y el magistradoPablo Pérez Trempsfue apartado tras una recusación surrealista.

La apuesta serena deMontillaya ha movido las cosas. El PSOE traga ahora (lo debía haber hecho antes) a los candidatos del PP (inaceptables) y se abre así la vía de la renovación. Es más presión sobre el TC para que no sentencie. Y en todo caso, ahora es el PP el que debe retratarse. Pero España se ha metido en un lío al pretender anular un Estatut votado. Los dos candidatos del PP han dicho tantas cosas contrarias que pueden ser recusados con facilidad.

Las brumas siguen envolviendo al Estatut. Pero ahora alcanzan al propio Constitucional porque cada vez quedan más claras dos cosas. Una, si el alto tribunal sentencia hay riesgo de quiebra del pacto constitucional. Dos, declarar inconstitucional un pacto de dos parlamentos –el catalán y el español–, que además ha sido ratificado en referendo, es irracional. ¿Quiere España serlo?