Prenafeta, Alavedra y Muñoz, a juicio por cohecho y blanqueo

Cinco años después de aquellas imágenes de guardias civiles entrando en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet para arrestar al que entonces era  su alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, y de la escena de Macià Alavedra y Lluis Prenafeta llegando detenidos a la Audiencia Nacional sujetándose los pantalones con las manos esposadas, el conocido caso Pretoria sobre corrupción urbanística en ayuntamientos del cinturón metropolitano de Barcelona se acerca por fin a juicio. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz firmó ayer un auto con el que da por finalizada la investigación judicial, que inició Baltasar Garzón, y traslada la causa al fiscal para que presente su escrito de acusación.

Además de Alavedra y Prenafeta (durante años  hombre de la máxima confianza del expresident Jordi Pujol) y de Muñoz también está imputado el exdiputado del PSC Luis Andrés García, apodado Luigi, y que según los investigadores ejerció durante años como «conseguidor» de los contratos públicos.

DELITOS PRESCRITOS / En el auto, de 27 páginas, Ruz entiende que hay indicios para juzgar a 11 personas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Los delitos contra la Hacienda pública supuestamente cometidos por los imputados ya han prescrito. Además de los citados, Ruz propone llevar a juicio a Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan y María Lluisa Mas Crussels, esposa de Prenafeta. A lo largo de la instrucción llegaron a estar imputadas veinte personas. Casi la mitad han ido siendo exoneradas.

En su resolución el magistrado describe cómo los imputados, entre el 2000 y 2009, presuntamente intermediaron o influyeron en adjudicaciones públicas en la provincia de Barcelona. Y desglosa tres operaciones urbanísticas en Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, en las que Luigi tuvo una intervención relevante. Según los investigadores, este exdiputado socialista conseguía recalificar terrenos municipales para su posterior venta a un precio mayor.

ANDORRA Y CAIMÁN / Los imputados percibían a cambio, según Ruz, «cuantiosas comisiones» que posteriormente se ocultaban a través de «complejos entramados societarios y financieros». En el caso de Alavedra y Prenafeta el juez cifra en 6,08 millones para el primero y 14,9 millones para el otro las ganancias conseguidas de manera fraudulenta. El dinero, que fue regularizado en declaraciones de renta complementarias cuando supieron que se había iniciado la investigación, fue desviado a cuentas de Andorra y las Islas Caimán. En el caso de Luis Andrés García sus ganancias ascendieron a 5,8 millones de euros y 1.728.064 las de Bartomeu Muñoz.

En el último tramo de la investigación, esta se extendió a seis países (Costa Rica, Estados Unidos, Portugal, Alemania, Suiza y Andorra) que enviaron sus datos bancarios el pasado octubre. Tras analizar toda la documentación, la Agencia Tributaria presentó su informe a Ruz. Ese documento es el que ha permitido ahora al magistrado «dar por concluida la prolija instrucción de esta causa, al haber indicios de que se cometieron de manera sistemática los delitos que se investigaban».

El modus operandi de la trama fue similar en todas la operaciones investigadas. En la denominada operación Pallaresa que se desarrolló en Santa Coloma entre el 2001 y 2009,  intervinieron Luigi, Muñoz, Valera, Dobarco y Singla quienes «puestos de común y previo acuerdo, tras conocer el proyecto urbanístico que iba a realizarse, planificaron y decidieron manipular e intermediar en la adjudicación y modificación de los usos de los terrenos públicos afectados». Todo ello, «con claro perjuicio para el Ayuntamiento» de Santa Coloma y con el objetivo de «venderlos a un tercero con quien previamente ya habían pactado su enajenación a cambio de la obtención de importantes beneficios», apunta el auto.

EXDIPUTADO DEL PARLAMENT /En esa operación, la trama logró sus propósitos gracias a las influencias que Luis García ejercía en Santa Coloma «derivadas de los vínculos y amistades que forjó durante los años 80 en que fue diputado autonómico, así como de la amistad que mantenía con el alcalde» Muñoz, así como con su tercer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, el también imputado Manuel Dobarco.

En esta como en las otras dos operaciones investigadas, Niesma en Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, Ruz describe una dinámica similar de uso de influencias para conseguir adjudicaciones de terreno. Así, se cambiaba el adjudicatario y se recalificaban los terrenos para venderlos a un precio superior a cambio del pertinente pellizco económico.