Política o justicia

Hace tiempo que he dicho, tanto en público como en privado, que la decisión del Gobierno del PP y de su presidente Rajoy de poner en manos de la justicia la solución del problema político más importante del Estado, el encaje de Catalunya en España, era no solo un grave error sino, cosa mucho peor, una inmensa irresponsabilidad. En lugar de tener en sus manos la capacidad de propuesta, de diálogo y de pacto dejaba en manos de otro poder del Estado –que goza, a pesar de algunos casos desafortunados, de la independencia propia de cualquier régimen democrático occidental como el nuestro- la potestad de interpretar la legalidad según su criterio y de adoptar resoluciones y promulgar sentencias que lejos de contribuir a rebajar tensiones, a favorecer consensos y a abrir vías de escape podrían conducirnos a un camino sin salida.

La justicia, en efecto, o un juez del Tribunal Supremo, ha decidido hace unos meses aplicar la prisión preventiva prisión preventivaa diversas personas y hace un par de días a otras y activar mecanismos internacionales de detención a las que han huido de nuestro país y se encuentran en países europeos para evitar la más que probable prisión preventiva. Las alegaciones presentadas hasta ahora por los abogados defensores de los políticos presos a fin de obtener su libertad han sido desestimadas, incluida la que tenía el apoyo de la fiscalía, demostrando así que una vez ha comenzado el camino de los tribunales es muy difícil detenerlo. 

Sesión frustrada de nuevo

Expreso nuevamente mi rechazo más contundente a una medida, la prisión preventiva, que debería limitarse a unas situaciones excepcionales y que, en mi opinión y en la de muchísimos penalistas, no está en absoluto justificada en estos casos. Sería mucho mejor que el poder judicial dedicara sus esfuerzos a culminar lo antes posible el procedimiento y a celebrar pronto el juicio a fin de que el retraso, como sucede con demasiada frecuencia, no sea una pena más.

Si hace pocos días la situación era complicada y confusa, con dos propuestas fallidas del presidente del Parlament para la investidura de 'president' de la Generalitat, la tercera, comunicada por teléfono, a toda prisa, y para adelantarse astutamente a una cita judicial del candidato, no ofrecía demasiadas esperanzas. La sesión se ha frustrado de nuevo: no hay investidura porque el candidato está en la prisión y porque, aspecto no menor, tampoco tiene la confianza de la mayoría independentista del Parlament.

Investidura y consenso

Además, por primera vez el discurso solemne de quien pide la confianza despierta la duda razonable de responder antes a los intereses legítimos y a las circunstancias personales del candidato que a los intereses y necesidades de todo el pueblo de Catalunya. Teniendo en cuenta que han transcurrido tres meses desde las elecciones del día 21 de diciembre, que han transcurrido ya más de seis meses desde que perdimos el autogobierno por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que el último Govern de la Generalitat, por no decir también el anterior, ha dedicado sus esfuerzos a una hoja de ruta y a un procés que deja al margen a más de la mitad de la población, hay que conceder prioridad absoluta a darle la vuelta a la situación.

Ya que no se puede, afortunadamente, interferir en la justicia, hay que volver de inmediato a la política: primero en Catalunya con una investidura sin rémoras jurídicas, haciendo desaparecer el artículo 155 y gobernando para todo el mundo. Y después, a partir de un amplio consenso, con propuestas integradoras y no excluyentes, rehacer los puentes con el resto del Estado y abordar el problema político del encaje, desde la política, de donde nunca debería haber salido, y no desde la justicia.