PP y PSOE aprueban el pacto contra el yihadismo sin lograr más apoyos

La incógnita sobrevoló la sesión plenaria hasta el último instante. Apenas dos minutos antes de la votación, el PP buscó una última tentativa para conseguir arrancar un voto favorable de CiU en el Congreso a la proposición de ley de reforma del Código Penal en materia de terrorismo, derivada del pacto contra el yihadismo suscrito por populares y socialistas, y ofrecer así una imagen de consenso generalizado más allá del rodillo bipartidista. La invitación la realizó el portavoz del PP, Rafael Hernando, desde la tribuna de oradores, pero resultó tan poco diplomática que, más que un guiño, lanzó un puñal que hurgaba en la crisis que vive la federación nacionalista. "Les animo a ser capaces de abandonar sus divergencias y actuar con responsabilidad en la lucha contra el terrorismo", dijo Hernando, entre la invitación y la provocación.

En la bancada de CiU, una ausencia significativa: la del líder del grupo en Madrid, Josep Antoni Duran Lleida, que no asistió al debate en la Cámara baja. Fuentes de su partido alegaron que le había surgido una urgencia en Barcelona justamente después de la entrevista que concedió a primera hora de la mañana en TVE, donde aireó las discrepancias en el seno de CiU. Duran explicó los pormenores que desataron la crisis en el grupo, cuando los democristianos votaron a favor de la admisión a trámite en el Congreso del pacto antiyihadista mientras que los diputados de CDC se abstuvieron. En esa entrevista, el portavoz reiteró que el origen de las disputas no está en el grupo parlamentario en Madrid, sino que fue una llamada de la dirección de Convergència la que desató el incidente.

POR SEPARADO

En el pleno, CiU solicitó votar las enmiendas por separado para poder especificar qué aspectos no aprueba de la reforma del Código Penal, pero ante la negativa del PP, optó por abstenerse, con lo que se impuso finalmente el criterio de CDC mientras Duran viajaba camino a Barcelona.

A pesar del intento contra reloj de PP y PSOE por vestir de consenso el pacto bilateral que sellaron en la Moncloa Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, solo consiguieron arrancar votos favorables a una dividida Coalición Canaria y a Foro Asturias. El diputado socialista Guillem Garcia Gasulla votó en contra, por lo que la dirección del grupo le ha pedido que aclare si fue un error o un acto voluntario. UPD decidió abstenerse y el resto de grupos rechazaron el texto porque consideran que la modificación es innecesaria y tiene rasgos de inconstitucionalidad. El texto pasa ahora al Senado, donde no se prevén modificaciones.

Ante la ausencia del Gobierno --solo estuvo presente el ministro de Sanidad--, la mayoría de fuerzas rechazaron la medida más polémica del nuevo Código Penal, que introduce la prisión permanente revisable. CiU basó su abstención en las críticas al artículo 573, que establece que la cadena perpetua solo podrá ser revisada a partir de los 25 años, extremo que vulneraría el espíritu de la Constitución al imposibilitar de facto la reinserción.

"MONUMENTO A LA HIPOCRESÍA"

El pacto entre PP y PSOE levantó duras críticas entre el resto de la oposición, que se siente excluida y engañada porque los firmantes lo presentan como un acuerdo de Estado contra el yihadismo cuando en realidad, alegan, cercena importantes derechos ciudadanos. ERC dijo que el texto es un "monumento a la hipocresía" y cargó contra Sánchez, al que acusó de "oportunismo", mientras que Izquierda Plural puso de relieve que la reforma no resuelve la lucha contra el yihadismo.

Socialistas y populares presentaron la modificación del Código Penal como una herramienta imprescindible para derrotar a las nuevas formas de terrorismo. El portavoz socialista, Antonio Hernando, se jactó de haber mejorado el texto inicial y su homólogo en el PP aseguró que la nueva legislación ofrece "nuevas respuestas contra nuevas amenazas". "Este pacto nos inmuniza contra el terror y nos hace más fuertes", subrayó, para indignación de los grupos que consideran que PP y PSOE han disfrazado de pacto antiyihadista un recorte a los derechos de los ciudadanos.