El PP y Cs acusan a Sánchez de cargarse la "separación de poderes"

Incluso cuando más negros eran los augurios sobre un acuerdo para el techo de gasto, paso previo a la aprobación de los Presupuestos del año que viene, el Gobierno se mantenía optimista. Mientras Podemos se quejaba de la actitud del Ejecutivo, acusándole de falta de cintura negociadora, en la Moncloa decían que el pacto era posible, que las piezas irían encajando. La primera de ellas fue colocada el miércoles, durante el encuentro que mantuvieron miembros de la formación morada con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y otros dirigentes de su departamento. La cita acabó con acuerdos importantes. Aunque quedan materias pendientes, Pedro Sánchez se coloca así en una mejor posición para sacar adelante las cuentas públicas del 2019, lo cual le permitiría cumplir con su propósito de llevar esta legislatura hasta el 2020. El PP y Cs, mientras tanto, acusan al Gobierno de "cargarse" la separación de poderes y "atentar" contra "la democracia".     

La sintonía con Podemos, que el Ejecutivo deberá ampliar a partir de ahora al resto de sus aliados en la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del poder, especialmente ERC y el PDECat, se extendió a cuatro grandes materias. Subir las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) real. Eliminar el copago farmacéutico. Ampliar gradualmente la baja de paternidad de los funcionarios hasta los cuatro meses en el 2021. Y reformar la ley de estabilidad presupuestaria, aprobada por el PP durante el primer Gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta. De todos los acuerdos, este es el más importante para encarrilar los Presupuestos. Sin él, el proyecto estaría abocado al fracaso.

El cambio normativo pretende acabar con una anomalía: la ley señala que el Senado, donde el PP ocupa 149 escaños de un total de 266, tiene la última palabra sobre los objetivos de déficit y deuda. No ocurre lo mismo con otras materias. Los conservadores podrían vetar la intención del Ejecutivo de elevar el techo de gasto en los nuevos Presupuestos en un 4,4% respecto a los del 2018. Aún no está clara la fórmula elegida para aprobar esta reforma, pero tanto en el PSOE como en Podemos señalan que podría hacerse con un decreto ley, instrumento que requiere motivos de "extraordinaria y urgente necesidad". De ser así, Sánchez, que solo tiene el respaldo asegurado de sus 84 diputados, habrá usado este instrumento durante su primera etapa más veces que Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero.

"Despilfarro" y "filibusterismo"

Para Pablo Casado, el PSOE y Podemos "quieren cargarse el reparto y separación de poderes en España; vulnerar la base democrática de contrapesos entre el poder ejecutivo y legislativo". El líder del PP acusó a Sánchez de ser "rehén" de Pablo Iglesias, apostar por el "despilfarro" y echar mano del "filibusterismo parlamentario". Su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, anunció que los conservadores estudian recurrir al Tribunal Constitucional, como harán contra el decreto que aprobará este viernes la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. "Lo que está en juego es la calidad de la democracia –dijo Cosidó-. Y por ahí no vamos a pasar".

Cs empleó argumentos similares. El secretario general de los naranjas en el Congreso, Miguel Gutiérrez, tachó el acuerdo entre Hacienda y Podemos para eliminar el veto del Senado de "atentado a la democracia". "Si se quiere cambiar la ley, si Sánchez no está cómodo con las mayorías en el Congreso y en el Senado, lo que tiene que hacer es convocar elecciones", dijo. "Lo que no puede hacer", concluyó Gutiérrez, es cambiar las leyes mediante "decretazos".

El resto de la oposición, de ERC al PNV, pasando por el PDECat, aplaudió, en cambio, la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria. El Gobierno cree que empieza a articularse la mayoría parlamentaria para los Presupuestos, tras fracasar el pasado 27 de julio en su primer intento de sacar adelante el techo de gasto.

Aplazamiento

De momento, la senda de déficit no se llevará este viernes al Consejo de Ministros, como estaba previsto, a la espera de concretar la reforma de la ley de estabilidad. En principio, este retraso contradice el precepto de esa normativa por el que el Gobierno tendría de plazo hasta el 27 de agosto para presentar su senda de objetivos en el Congreso (un mes después del rechazo del Parlamento en una primera ronda). Se espera que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pueda aclarar dudas este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros