El Parlament reprueba a Camacho por 'Método 3'

La negativa de Alicia Sánchez-Camacho a comparecer en la comisión de Afers Institucionals (CAI) para dar explicaciones sobre el caso Método 3, surgido a raíz de la grabación de una conversación suya con una amante de Jordi Pujol Ferrusola, le valió ayer a la líder del PPC la reprobación del Parlament y la petición de que dimita como senadora por designación autonómica. Solo su partido votó en contra, mientras que el PSC -cuyo diputado en el Congreso José Zaragoza también rechazó rendir cuentas por el espionaje político- se abstuvo.

La reprobación de Camacho no conllevará ninguna medida disciplinaria, pero supone un toque de atención moral y la sitúa en una deshonrosa posición. Hasta ahora, solo el dirigente de Solidaritat Alfons López Tena había sido reprobado, en su caso por la Mesa, por haber llamado «mamarracha» a la presidenta Núria de Gispert en la pasada legislatura.

Además, la líder del PPC es la primera a quien se le pide que deje el cargo de senadora en representación del Parlament. El motivo de esta solicitud, según la mayoría de los grupos, es que la dirigente popular «ha menospreciado a la Cámara» al negarse a explicar un caso del que ella dijo ser «víctima» y que acabó cerrándose judicialmente después de que pactara con la agencia de detectives una indemnización de 80.000 euros. No se llegó «hasta el final» para conocer quién encargó las escuchas, como ella había prometido. Es más, la examante de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, la acusó a finales del mes pasado de estar al corriente de la grabación de su charla en el restaurante La Camarga de Barcelona, en julio del 2010.

«MAL EJEMPLO A LA CIUDADANÍA» / La «falta de respeto» al Parlament y el «mal ejemplo a la ciudadanía» fueron los  principales argumentos que esgrimieron, en una insólita unión, tanto CiU como ERC, ICV-EUiA, Ciutadans y la CUP, que representan a 96 de los 135 diputados.  Algunos grupos, además, incidieron en que Camacho ha infringido el Estatut al negarse a comparecer, porque este obliga a los «cargos públicos» a hacerlo. El más incisivo en este aspecto fue el impulsor de la propuesta de resolución, el ecosocialista Jaume Bosch, quien criticó que la líder de los populares no deje de pedir que se cumpla la ley pero que deja de hacerlo «cuando le afecta a ella».

Intentando pasar de puntillas, el socialista Daniel Fernández se limitó a justificar su abstención en que tiene «dudas» sobre si la CAI tiene competencias para reprobar a un diputado. «Los parlamentos nacieron para controlar al Govern y a consellers, pero no a diputados», alegó.

En la misma línea, Santi Rodríguez (PPC) comparó ese «control a la oposición» con regímenes como los de Cuba y Corea del Norte y consideró que el motivo de la reprobación responde a las ganas de «apartar a quien es un estorbo para los objetivos independentistas». Desde el punto de vista legal, los populares consideran que Camacho es un cargo electo pero «no público», por lo que no está obligada a comparecer. Además, entienden que la «materia sobre la que supuestamente se quiere obtener información» no atañe a la CAI puesto que esta no se creó para tratar ese tipo de cuestiones.