El Palau de la Música excluye a CDC del saqueo

Ni una palabra sobre Convergència Democràtica (CDC), ni sobre su extesorero imputado, Daniel Osàcar, o el exdiputado de CiU y también imputado, Jaume Camps. Y menos aún sobre supuestas comisiones ilegales de Ferrovial, canalizadas a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Jordi Pujol. La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y la asociación del mismo nombre han entregado al juez que investiga el saqueo de la entidad un escrito en el que responsabiliza del desvío de fondos al que fuera presidente del Palau, Félix Millet, su mano derecha, Jordi Montull, y a su hija, Gemma, que, a su entender, hicieron un claro «abuso» de sus cargos directivos.

La fundación y la asociación, dos de los tres pilares en que se sustenta la gestión del Palau de la Música (la tercera es el consorcio en el que participan las administraciones), no reflejan en su escrito la tesis del fiscal Emilio Sánchez Ulled según la cual Convergència cobró 6,6 millones de euros en «comisiones ilícitas» pagadas por Ferrovial (un hecho que el ministerio público califica de «acuerdo criminal»). El fiscal también señaló que los pagos de la constructora al partido se habrían fraccionado y correspondían al 4% de obras adjudicadas.

El exdirector general del Palau, Joan Llinares, aportó durante la etapa del tripartito la mayoría de documentos comprometedores, como agendas y papeles sobre obras públicas y supuestas comisiones.

Ahora, en las 19 hojas redactadas por los abogados del despacho Price Waterhouse, que defiende los intereses de la fundación y la asociación, no hay rastro de la hipótesis del fiscal. Para ellos, los responsables del desfalco y de las presuntas irregularidades son, además de Millet, Montull y su hija, otras 12 personas, entre ellos las esposas de los que fueron máximos directivos de la entidad, la exdirectora general de la fundación y responsable del mecenazgo, Rosa Garicano, y los administradores de una serie de empresas que presuntamente emitieron facturas por servicios que no se realizaron. En el listado también figuran la secretaria personal de Millet y algunos abogados.

RETIRADA DE FONDOS / Según el Orfeó Català, desde el 2002 hasta julio del 2009, cuando los Mossos practicaron el registro en la entidad cultural, Millet y Montull, protagonizaron de forma continuada «cuantiosas retiradas» de fondos en efectivos de las cuentas bancarias de la fundación y de la asociación «sin ninguna clase de justificación documental» y sin que «obedecieran al pago de ningún gasto». El destino, en su opinión, fueron «fines exclusivamente particulares» o, en todo caso, intereses ajenos a la entidad.

Para «encubrir y facilitar» esta desviación y «apropiación» continua de fondos, según la acusación particular, los imputados crearon una «contabilidad al margen de la oficial», con cuentas bancarias que no estaban contabilizadas ni registradas. El objetivo era evitar cualquier tipo de control o fiscalización. También se simulaban transferencias económicas de una entidad a otra, pero en realidad el dinero no llegaba nunca al destino.

OBRAS Y VIAJES/ En su escrito, los abogados de la fundación y de la asociación detallan que Millet y Montull, junto con sus esposas, habrían realizado lujosas obras de remodelación y «embellecimiento» de sus domicilios particulares a cargo del Palau. Además, los letrados detallan los viajes de ocio de los imputados que pagó la entidad cultural (654.988 euros), así como el presunto desvío de fondos para cubrir gastos de las dos hijas de Millet (164.269 euros) y el traspaso de dinero a sociedades de Millet y Montull a través de facturas falsas.

Por último, la fundación sostiene que Millet y Montull desviaron fondos, probablemente procedentes del «patrocinio y mecenazgo» de Ferrovial, en favor de terceras empresas que emitían facturas por servicios inexistentes. En este punto, el escrito cita a diversas, pero no concreta que sean proveedoras de Convergència o de entidades afines. De pasada, menciona los fondos donados por Millet al convergente Àngel Colom y a la Fundació Trias Fargas (ahora Catdem). Tanto Colom como la Catdem se comprometieron a devolver el dinero.