España, Catalunya y BCN: un país sin presupuestos

Las cuentas no salen. Ni en España, ni en Catalunya, ni en Barcelona. La fragmentación política de los últimos tiempos ha traído consigo la necesidad de abordar pactos cada vez más complejos, y hay pocos pactos de mayor relevancia que el de unos presupuestos, sea donde sea. Ni el Ejecutivo central, ni el Govern ni el ayuntamiento de la capital catalana tienen asegurado la aprobación de las cuentas públicas. Más bien al contrario, pese a los intentos de Ada Colau y Pablo Iglesias de sellar un triple acuerdo estatal, autonómico y municipal. La crisis territorial, y en especial el reciente escrito de acusaciones de la fiscalía a los dirigentes del 'procés', provoca que un entendimiento de este alcance entre el independentismo y el Gobierno de Pedro Sánchez parezca inverosímil.

El entorno del líder socialista lo empieza a asumir. El presidente y sus ministros insisten en que la batalla no está perdida. Dicen que queda mucho camino por recorrer, que hasta marzo hay tiempo para alcanzar un pacto, pero también reconocen su enorme dificultad. En un primer momento, en la Moncloa confiaban en el apoyo de ERC y la abstención del PDECat a su proyecto de Presupuestos, redactado a medias entre Sánchez e Iglesias, que incorpora avances sociales como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, la revalorización de las pensiones y más fondos para la dependencia. Ahora son cada vez menos los que apuestan por esta posibilidad.

El discurso oficial del Ejecutivo, aun así, señala que la negociación de las cuentas estatales continúa. Las conversaciones con el PNV han comenzado y la mano está tendida para que republicanos y posconvergentes se sumen después. La Moncloa presiona al independentismo con dos argumentos: el juicio del ‘procés’ no tiene "nada que ver" con los Presupuestos, dicen los colaboradores de Sánchez, y si no salen las cuentas Catalunya se quedará sin los 2.200 millones de euros que el proyecto incorpora para la comunidad autónoma, una cifra que el Govern corrige y deja en 350 millones.

El Gobierno, en cualquier caso, ya tiene perfilado un plan alternativo ante el previsible fracaso de sus cuentas: aprobar algunas de las medidas de mayor impacto, como el aumento del SMI, vía decreto para su posterior tramitación en el Congreso. Tanto ERC como el PDECat han dado muestras de estar dispuestos a apoyarlas si llegan a la Cámara baja por separado. Sánchez podría así mantener la iniciativa, con el objetivo de alargar la legislatura hasta finales del 2019 o incluso el 2020. Porque pase lo que pase, con o sin Presupuestos, el presidente no contempla un adelanto de los comicios a corto plazo.

Un plan arriesgado

El Govern, por su parte, tratará de cuadrar el círculo y sacar adelante sus propios Presupuestos sin dar apoyo a las cuentas de Sánchez. Son conscientes, en el Palau de la Generalitat, de que la jugada es arriesgada y con muchos visos de fracasar, pero la otra opción, la de dar el 'sí' al socialista no se prevé a estas alturas del partido. "Una cosa es apoyar al PSOE para echar al PP y la otra dar aire a un Gobierno que, vía Abogacía del Estado, ha endurecido las acusaciones con la sedición en un contexto general marcado por la presencia de un delito inventado como es el de la rebelión", apunta una voz que, con cautela, añade: "Aunque todo siempre es susceptible de cambiar".

La Conselleria de Economia ha explicado los ejes principales de las cuentas catalanas a todos los partidos del Parlament, de una manera informal, y se apresta ahora a abrir una ronda negociadora canónica. Descartada la CUP, la gran esperanza del Executiu son los 'comuns'.

Tal y como publicó este diario, y el propio 'president', Quim Torra, vino a confirmar el miércoles en el Parlament, el éxito del Govern pasa por sacar de la ecuación, precisamente, las cuentas del Estado. Si Sánchez decide prorrogar los presupuestos en vigor, el Ejecutivo de JxCat y ERC ve más que posible un intercambio de cromos con Colau que permita a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona disponer de unas cuentas aprobadas.

La apuesta de Colau por un triple pacto presupuestario persigue un objetivo que no ha logrado desde que se convirtió en alcaldesa de Barcelona: acordar por fin con los grupos de la oposición las cuentas municipales. En su primer ejercicio al frente del consistorio, que inició a mediados del 2015, prorrogó para el 2016 los presupuestos que Xavier Trias había aprobado para el año anterior. Para reducir el gran superávit que había sí logró que prosperaran dos modificaciones presupuestarias, una de 100 millones en otoño del 2015 y otra de 275 millones en mayo del 2016.

En su segundo ejercicio, y a la vista de la falta de socios, Colau optó por una solución a la que ya recurrió Trias en el 2013: la de presentar un proyecto de presupuestos asociado a una cuestión de confianza. En este caso la oposición tiene un periodo de un mes para lograr el respaldo necesario para la elección de un nuevo alcalde, la mayoría absoluta, 21 concejales de los 41 que hay en la capital catalana. Un reto imposible a la vista de la fragmentación del pleno. Una vez pasado ese periodo, el proyecto resultó aprobado automáticamente. Para el 2018 empleó el mismo sistema, que no está autorizado en el último año de mandato. Esta vez, en caso de que tampoco haya pacto con la oposición, Colau tendrá que prorrogar las cuentas del año pasado.

Los recortes como posibilidad

Y eso tendrá una primera consecuencia: no contará con los 140 millones de euros que ya ha incluido en el proyecto para el 2019 y que dependen de que el pacto el Gobierno de Sánchez e Iglesias sea aprobado en el Congreso. De esos 140 millones, 100 vendrían del Estado: 60 millones para el transporte público y 40 para compensar el descenso de ingreso por el impuesto de plusvalías. Los 40 restantes vendrían de la Generalitat, a la vista que el acuerdo PSOE-Podemos le daría, supuestamente, 2.200 millones de euros que no llegarán si toda la operación se va al garete. En el peor de los casos, el gobierno de Colau se vería abocado a practicar recortes, que la oposición denuncia que ya está llevando a cabo bajo mano.