El ministro del Interior comunica a las víctimas del 11-M la expulsión de Rafa Zouhier

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha comunicado a las presidentas de las asociaciones de víctimas del 11-M más representativas, Ángeles Pedraza y Pilar Manjón, la expulsión a Marruecos de Rafa Zouhier tras cumplir la condena de 10 años por suministrar los explosivos de esos atentados.

Fuentes del Ministerio del Interior han informado este domingo de que el ministro ha conversado esta misma mañana con las presidentas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, y de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, quienes habían expresado su deseo de que Zouhier fuera expulsado una vez saliera de la cárcel.

Ambas han mostrado su alivio y su satisfacción por la salida de España del exconfidente de la Guardia Civil, han subrayado las mismas fuentes.

Pedraza, que perdió una hija en esos atentados, dirigió a finales de enero un escrito a la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para solicitar que se procediera "a la expulsión inmediata del penado, dado que el mismo ha sido condenado por conducta dolosa que constituye delito castigado con pena privativa de libertad superior al año".

Manjón, quien también sufrió la pérdida de un hijo en las acciones terroristas del 11 de marzo de 2004, aseguró recientemente que su asociación se había personado en la solicitud de extradición de Zouhier a su país, Marruecos.

EL ABOGADO DENUNCIA LA EXPULSIÓN

El abogado de Rafa Zouhier, Antonio Alberca, ha denunciado este mismo domingo que se han conculcado "derechos fundamentales" del marroquí y que su expulsión de España esta madrugada tras salir de prisión ha sido "irregular".

Zouhier fue trasladado a Marruecos por la Policía la pasada madrugada inmediatamente después de abandonar la prisión de Puerto I Cádiz), tras cumplir su condena de diez años por suministrar los explosivos de los atentados del 11-M.

El letrado ha opinado que el proceso de expulsión ha sido "irregular" y ha tratado de "evitar el control jurisdiccional" de la situación, tal y como él hubiera deseado.

Antonio Alberca ha explicado que Zouhier se le debería haber aplicado el régimen de ciudadanos comunitarios o familiares de éstos, ya que desde hace unos meses está casado con una mujer española.

Según esta normativa, el marroquí hubiera tenido un plazo de un mes para abandonar voluntariamente el territorio español, salvo en "casos de urgencia debidamente justificada", ha destacado el abogado.

El letrado ha dicho que no ha tenido acceso a la resolución por la que se ha decretado la expulsión de Zouhier, por lo que no ha tenido información sobre cómo se ha realizado ni opción a recurrir la decisión y solicitar medidas cuatelares.

"Se nos ha impedido tomar medidas para el control jurisdiccional", ha apuntado el letrado, quien ha señalado que Zouhier tenía la instrucción de solicitar el 'habeas corpus' (ser puesto directamente a disposición judicial nada más ser detenido).

El abogado ha puesto ya una denuncia en la comisaría de El Puerto de Santa María porque la Brigada de Extranjería le comunicó la noche del sábado a él y a la esposa de Zouhier que había sido detenido tras su excarcelación, pero en ambos casos rehusaron comunicarles donde estaba.

El letrado considera que con ello se ha conculcado un derecho de "todo detenido", el de que se comunique a una persona de su confianza el lugar en el que está arrestado, una información que esta mañana aún no les había sido comunicada ni a él, ni a su esposa, ni a su madre y su hermana, ambas con nacionalidad española.