Un lustro de lenta agonía

La larga pero inexorable agonía de ETA comenzó a escribirse bajo los escombros de la T-4 de Barajas. Cuando en marzo del 2006, la banda terrorista anunció un alto el fuego permanente, muchos políticos y ciudadanos pensaron que aquella singular y trabajada tregua podía ser la última, la definitiva. Por eso, la bomba que el 30 de diciembre de ese año mató en el aeropuerto de Madrid a Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate no solo quebró la ilusión, sino que también dejó sin credibilidad alguna a la izquierda aberzale, que llevaba tiempo luchando por recuperar su legalidad.

Los herederos de Batasuna dejaron de ser un interlocutor político al ser vistos como figuras que actuaban al servicio de ETA. Así que cuando los etarras hicieron oficial la ruptura de su alto el fuego, el 6 de junio del 2007, el ostracismo pasó a ser su único futuro. El acoso policial y judicial contra la organización y su entorno político se mostró a partir de entonces implacable. La simbólica detención por parte de la policía francesa de tres etarras justo al día siguiente de confirmarse el fin de la tregua fue seguida del arresto, en cinco años, de más de 400 activistas y dirigentes, la desarticulación de todas las cúpulas que la banda iba reconstruyendo y la caída de seis jefes militares solo los tres últimos años.

El asesinato, en julio del 2009, de dos guardias civiles en Palma de Mallorca, el último crimen en suelo español, sirvió para ratificar la intención del Gobierno de rechazar cualquier contacto con ETA e impedir que quienes les daban apoyo tuvieran la posibilidad de acceder a las instituciones mientras no se desmarcasen del terrorismo.

Condenados a la ilegalidad, los herederos de Batasuna perdían músculo y presencia mediática a pasos agigantados. Los dirigentes de la izquierda aberzale asumieron, a partir de ese momento, cuál era su disyuntiva: o daban un giro a la historia, o su proyecto político se vería arrumbado. El punto de inflexión fue el 14 de noviembre de 2009. Un nutrido grupo de dirigentes históricos firmaron en Alsasua (Navarra) una declaración que reclamaba un proceso de negociación entre el Estado y ETA «en un contexto de ausencia de violencia». Se sentaban las bases del giro posibilista.

NUEVO CATECISMO / La ponencia Zutik Euskal Herria (Euskal Herria en pie), aprobada en febrero del 2010, fijó el nuevo catecismo de la izquierda aberzale: la apuesta por «vías exclusivamente políticas y democráticas». No se aludía directamente a la banda, pero ese fue el comienzo efectivo del divorcio con la violencia. En auxilio de los aberzales, se presentó un mes después la Declaración de Bruselas en la que mediadores internacionales en conflictos y premios Nobel instaron a ETA a declarar un «alto el fuego permanente» y pidieron pasos al Gobierno español.

La cita que el 20 de junio del 2010 unió en el Palacio Euskalduna de Bilbao a Batasuna y a Eusko Alkartasuna (EA) para apostar juntos por un Estado vasco actuó como un auténtico salvavidas para la izquierda radical, que ya había quedado fuera del Parlamento de Vitoria. La unidad de acción de la izquierda aberzale con un partido democrático supuso el inicio de la alianza electoral hacia las municipales del pasado mayo.

En septiembre, los acontecimientos llegaron a un punto de no retorno. ETA confirmó primero el cese de sus «acciones armadas ofensivas» y 20 días más tarde, la antigua Batasuna, rodeada de EA, Aralar y Alternatiba, verbalizó por primera vez una petición de tregua «permanente, unilateral y verificable». Ese documento, la Declaración de Gernika, divisaba el principio del fin.

La semántica de las palabras se entrelazó con el simbolismo de los gestos. Arnaldo Otegi rechazó desde el banquillo de los acusados el uso de la violencia «para imponer un proyecto político». ETA le respondió con nuevos adjetivos para su alto el fuego, «general, verificable y firme», y con el punto final a la extorsión a los empresarios vascos y navarros.

TERCER PROTAGONISTA / El proceso reservó un papel protagonista a un tercer actor: los presos. Tras un intenso debate, no exento de disensiones, el 90% de los casi 800 reclusos se subieron al tren de la paz, dejando en total soledad al ala dura de la banda. El futuro de los presos -«las consecuencias del conflicto»- era ya la única preocupación aberzale, relegando su histórica exigencia sobre el estatus político vasco -«las causas del conflicto»-. Incluso algunos reos, en privado, han dado el paso de pedir perdón a las víctimas cara a cara.

La legalización in extremis de Bildu, tras el veto a Sortu, catapultó a la izquierda aberzale a un éxito electoral inédito. El PNV tejió acuerdos para poner en escena el final de la violencia. Con el movimiento Lokarri como intermediario, el Grupo Internacional de Contacto, que dirige Brian Currin, constituyó una comisión internacional de verificación.

La conferencia de paz de San Sebastián fue la pista en la que ETA ha aterrizado tras un vuelo rasante de cinco años. Sola, acorralada, sin apoyos. Ni siquiera el de quienes un día jalearon su sangrienta travesía.