ÓRDAGO INDEPENDENTISTA
Los sindicatos exigen al Govern "seguridad jurídica" para los funcionarios
CCOO y UGT ven "inadmisible" y "irresponsable" la advertencia de Lluís Llach de sanciones a los empleados públicos
Protesta de funcionarios ante el Palau de la Generalitat, en el 2011.
Por qué confiar en El Periódico La voz de alarma se ha extendido hoy entre los funcionarios de la Generalitat. Los sindicatos han calificado de "inadmisibles" las declaraciones del diputado de Junts pel Sí Lluís LlachLluís Llach en las que advertía de que los empleados públicos que desobedezcan las leyes de desconexión serán sancionados por la Generalitat.
Los sindicatos de la función pública han exigido al Govern que garantice la "seguridad jurídica" para sus más de 200.000 empleados, tal como se ha venido haciendo hasta ahora y como también se aplicó en la consulta del 9-N.
Para Joan Maria Sentís, coordinador del área pública de CCOO de Catalunya, "una cosa es la ideología y los proyectos políticos y otra cosa es el respeto a la legalidad vigente con el criterio de la seguridad jurídica para los funcionarios que tienen que aplicarla".
NUEVO REFERÉNDUM
Sentís confía en que el Govern mantenga el criterio por el que se rigió en el 9-N y que ha evitado la imputación de funcionarios y que evite situar a los empleados públicos en medio de "un choque de legalidades". Ese choque se puede dar, según Sentís, en múltiples ámbitos y no solo en el terreno de los Mossos d'Esquadra.
Además, el dirigente sindical ha recordado que Llach es un diputado de Junts pel Sí pero no forma parte del Govern, que es quien tiene que dar las directrices a su plantilla respetando la legalidad.
Para Encarna Fernández, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Catalunya, las afirmaciones de Llach son "gratuitas e irresponsables" porque transmiten temor a los funcionarios de la Generalitat, "a los que no se puede poner en peligro por el trabajo que desarrollan". Fernández ha recordado a Llach que las resoluciones del Parlament también tienen que cumplirse, incluida la que obliga al Govern a devolver las tres pagas extras suprimidas del 2012 al 2014.
En relación con la convocatoria del referéndum anunciado por el Ejecutivo de Carles Puigdemont, los funcionarios de la Generalitat no han recibido hasta ahora ninguna consigna de cómo se va a organizar la consulta, aunque confían en que se mantenga el criterio de evitar consecuencias legales para los empleados públicos.
Tanto CCOO como UGT instan a la Generalitat a evitar riesgos jurídicos a los empleados públicos en relación con el referéndum que ha anunciado el Ejecutivo.
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