Los partidos retrasan la ley de consultas para dificultar la impugnación

Cuando el Parlament constituyó la ponencia sobre la ley de consultas, CiU y ERC ordenaron acelerar al máximo la redacción de la norma llamada a ser el plan b para convocar el referendo del 9-N cuando el Congreso tumbe la petición formal de la Cámara catalana. Pero la más que previsible impugnación del Gobierno central a esa ley ha obligado a los socios parlamentarios a pisar el freno, y ahora abogan por no aprobarla al menos hasta que la solicitud de la consulta se vote en las Cortes.

Para intentar blindar la ley del recurso del Gobierno del PP al Tribunal Constitucional, el secretario de organización de CDC, Josep Rull, adelantó ayer su voluntad de pedir dictamen al Consell de Garanties Estatutàries para que dé fe de su adecuación constitucional. Esa petición comporta un compás de espera de un mes entre la aprobación del borrador en la ponencia y en el pleno.

CiU y ERC se inclinan por esperar a después del verano para que la convocatoria de la consulta sea inmediata y el Gobierno no tenga tiempo de impugnarla. Pero ICV avisa de que el recurso puede presentarse «en horas» y que su admisión a trámite por el Constitucional conllevaría la suspensión inmediata de la aplicación de la ley. El PSC censura la dilación porque demuestra que la ley quiere usarse para convocar la consulta sin permiso del Estado.