Libertad de expresión en la picota

Los límites de la libertad de expresión son como las fronteras. No existen hasta que las ponemos ahí. Invisibles y tan estrechas que permiten colocar un pie a cada lado y desafiar al universo estando en dos sitios a la vez. A veces, caer hacia uno u otro no parece más que una cuestión de suerte.

Condenados por enaltecimiento del terrorismo tuiteros que poco o nada tenían que ver con ETA. Un rapero enviado a prisiónrapero por calumniar a la Corona con las letras de un estilo que nació con vocación de denuncia antisistema. Una obra retirada de la feria de arte más transgresora y vanguardista por crear excesiva polémica. Si el 2017 terminó con el diagnóstico de ser, en palabras de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, un "mal año para la libertad de expresión", el inicio del 2018 no parece revertir la tendencia.

Las miradas están puestas en los llamados delitos de odio o de enaltecimiento del terrorismo; todos los que dejan en manos de la interpretación de los jueces en qué lado de la línea cae la moneda. Y para el rapero mallorquín Valtonyc, cayó del lado menos favorable: sus letras le han supuesto una condena de más de tres años de cárcel.

Las reacciones políticas

La sentencia se colaba este miércoles en los pasillos del Congreso. Desde Podemos, Pablo Iglesias la consideraba "una vergüenza", porque "el derecho penal se aplica para perseguir al disidente y sin embargo los corruptos se van de rositas". La portavoz del PSOE, Margarita Robles, denunciaba que, "con carácter general, en estos tiempos de Gobierno del PP" se está produciendo "un retroceso en materia de derechos y libertades" , aunque al mismo tiempo pedía respeto al trabajo de los tribunales, que son quienes tienen "todos los elementos de juicio".

Al otro lado del arco parlamentario, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, aseguró que Valtonyc no le interesa "lo más mínimo" y se limitó a expresar su respeto a las decisiones judiciales, mientras que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se negaba a valorar la sentencia pero defendía que "los delitos de odio deben perseguirse".

El contenido

El debate ya está en el Parlamento y en las calles, pero también ha alcanzado al ámbito jurídico. Para el abogado penalista José María De Pablo, la campaña en apoyo de Valtonyc que insiste en que "el rap no es delito" es "pura demagogia". "Claro que rapear no es delito, pero si un rap contiene amenazas de muerte contra una persona concreta, o si incita a la comisión de atentados, sí lo es", indica. De hecho, De Pablo insiste en que en las letras del rapero hay "incitaciones graves a la violencia", como señalar al presidente del Círculo Balear.

Pero en ello discrepa el catedrático en Derecho Constitucional Xavier Arbós: "La letra me parece deleznable, ni le doy valor artístico. Pero de ahí a una reacción penal…". Coincide con él el exletrado del Tribunal Constitucional (TC) Joaquín Urías, que cree que la sentencia está "poco motivada". "Recoge expresiones de canciones pero no individualiza qué causa cada delito y eso provoca indefensión", señala. Urías cree que "el Tribunal Supremo no ha entendido qué es la libertad de expresión". "El mero hecho de decir que te alegras de un atentado no puede ser delito, solo lo sería si se quiere dañar a una víctima, y el Supremo no ha hecho esa distinción. Eso es perseguir las ideas", indica.

Valtonyc ha sido condenado, entre otros delitos, por calumnias graves a la Corona. En este punto, Arbós considera que, "con el Rey, hay una asimetría que no se justifica". Urías, además, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a España por conceder una protección adicional al jefe del Estado. "Es el espíritu de la libertad de expresión. El delito de injurias a la Corona no debería insistir", afirma. De Pablo discrepa: lo que la jurisprudencia del TEDH cuestiona, considera, es que se imponga una mayor pena por las injurias y calumnias contra la Corona que por las que se producen contra un particular, y la que se le ha impuesto al rapero "no es superior".

Una larga lista

El debate sobre los límites de la libertad de expresión va más allá de Valtonyc. Su condena es la última de una lista que puede parecer larga. La propia Audiencia Nacional aseguraba en su memoria que los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas habían superado ya en número en el 2016 a los condenados por el resto de materias competencia del tribunal. Y los recogidos en el artículo 578 del Código Penal se habían "multiplicado".

Para Arbós, "se están produciendo bastantes casos de una especie de interpretación regresiva de la libertad de expresión con respecto a los años 80". "Entonces el clima social era claramente a favor de las libertades; ahora parece que hay que recordar que las libertades no solo las tienen los que se parecen a nosotros, sino también los que no", indica. "No todo lo que nos molesta es necesariamente un delito, y el derecho penal debería intervenir lo mínimo". Arbós explica la proliferación de este tipo de delitos en que los grupos y profesionales del Derecho "hoy saben que pueden intentar utilizar el Código Penal como represalia para quienes les han ofendido".

Sin embargo, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial-, Celso Rodríguez, no cree que se esté dando un uso determinado a esta figura. "Por parte de los tribunales, de ninguna manera. Aplican el Derecho a unos casos concretos que determina el Código Penal. Y tampoco creo que se le esté dando un uso espurio por parte de la sociedad civil", señala, partidario de que "siempre se valoren las circunstancias concretas y objetivas de cada caso" en lugar de tratar de sacar conclusiones generales. Que se castiguen penalmente conductas que atentan contra la dignidad de las personas "no es aberrante ni ilógico", porque, señala, "la libertad de expresión no lo permite absolutamente todo".

Un derecho "individual"

Para Urías, el problema está claro: "Hemos aceptado todos, la izquierda sociológica también, que existan delitos de incitación al odio, y ello supone que podemos castigar ideologías que nos parecen indefendibles o reprobables, como el machismo o la homofobia". Poder juzgar qué es odio y que no "es permitir que los jueces entren en el contenido de la libertad de expresión", asegura. En la misma línea se expresa Arbós, que cree que el derecho a no ser ofendido tiene más que ver con un "derecho individual", como son las injurias, defender el honor de uno mismo ante algo que nos ofende. Pero los tipos penales son bastante más reducidos. "Y esto vale para el rap y para los autobuses de Hazte Oír, ojo", insiste.

Rodríguez insiste en que la APM es partidaria de que existan estos delitos del discurso del odio, aunque creen que el debate siempre es saludable. Eso sí, añade, "han de aplicarse con suma prudencia, porque no cualquier expresión o juicio de valor puede serlo".