Ley electoral: último asalto

¿Se arriesgarán los partidos catalanes a volver a hacer el ridículo con la ley electoral? La amenaza del enésimo fracaso en una norma que lleva 36 años en construcción pese a no depender de ningún permiso del Estado pende sobre el documento que el 8 de abril tiene previsto aprobar la ponencia del Parlament que elabora la ley. Incapaces de renunciar a la calculadora de escaños y de consensuar una fórmula electoral con independencia del beneficio o perjuicio propio, los grupos van a convertir en las próximas semanas esa amenaza de esperpento en el principal factor de presión (casi psicológica) para evitar que este nuevo texto acabe donde los anteriores: en la papelera.

Como parte de esta estrategia, CiU, ERC e ICV-EUiA -que necesitan el apoyo de una cuarta fuerza para alcanzar los 90 diputados que exige la reforma y dirigen sus miradas al PSC (puesto que con los tres escaños de la CUP no les bastaría)- llevarán al pleno un anteproyecto amputado. Será una ley sobre la administración electoral catalana que incorpora medidas de transparencia y fomento de la participación, pero que no contendrá el núcleo de la norma: la fórmula para traducir los votos en escaños. El objetivo es acorralar a los socialistas para que no echen a perder toda la ley, pero el partido que lidera Miquel Iceta se mantiene inflexible en su intención de tumbar la propuesta si no se obtiene un sistema electoral más proporcional.

SINDICATURA PROPIA

La primera junta electoral catalana

Al ser la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley electoral propia, Catalunya sigue sin tener a estas alturas de la democracia una administración electoral autóctona. El texto acordado en la ponencia crea la Sindicatura Electoral Catalana -equivalente a la Junta Electoral Central-, compuesta por juristas y expertos pero con preponderancia de los primeros. Este organismo tendría seis o siete miembros y lo presidiría un jurista que tendría voto de calidad en las deliberaciones.

El nacimiento de esta autoridad electoral no ha estado exento de recelos entre algunos grupos, como el PPC y Ciutadans, que ven en la sindicatura una de las «estructuras de Estado» que CiU y ERC esbozan para una hipotética Catalunya independiente. El PSC también temió antes del 9-N que las prisas del Govern por alumbrar una junta electoral propia respondiesen a la voluntad de ser utilizada para regir los designios de la consulta soberanista. En este mismo capítulo, con la nueva ley electoral se suprimiría la figura del interventor, dejando solo a los apoderados como representantes de los partidos políticos en los colegios electorales.

GASTOS DE CAMPAÑA

Gestos de austeridad y buzoneo conjunto

Si se aprueba la ley tal y como la han empezado a diseñar los grupos parlamentarios, los catalanes dejarán de recibir en sus buzones un sobre por cada fuerza política. En su lugar se distribuirá un único sobre pagado por el erario que contendrá la propaganda de todas las candidaturas con representación parlamentaria. El 'mailing' (buzoneo) de los partidos ya se sufraga mayoritariamente con subvenciones públicas y, de hecho, es uno de los principales gastos de campaña de las candidaturas. Según lo declarado por las propias fuerzas políticas, en la campaña del 2012 CiU se gastó 908.000 euros en 'mailing'; el PSC, 898.000; ERC, 850.000; el PPC, 900.000, e ICV-EUiA, 893.000. Como sucede con la ley estatal, a aquellas candidaturas que obtengan diputados por primera vez, algo que podría ocurrir con Podemos en las próximas elecciones autonómicas del 27 de septiembre si se cumplen las encuestas, se les abonará después de los comicios el coste de su correspondencia.

BLOQUES INFORMATIVOS

Menor tutela política pero sin desaparecer

El anteproyecto de la ley electoral catalana atiende a medias la eterna reivindicación de los periodistas de los medios de comunicación públicos: la liquidación de los bloques informativos que imponen el tiempo que deben informar de cada partido en función de su representación parlamentaria. El cronómetro no desaparecería, pero los profesionales tendrían cierto margen para ordenar las informaciones de las diferentes fuerzas políticas a partir de criterios de «interés informativo», además de los de «proporcionalidad y representación». Para garantizar esta flexibilidad, la nueva reglamentación encargaría el control de la información electoral no solo a la futura Sindicatura Electoral Catalana, sino también al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y al Consell de la Informació de Catalunya, organismo dependiente del Col·legi de Periodistes. Estos tres órganos podrán minutar la información electoral de los medios de comunicación públicos y privados y actuar en consecuencia si detectan que no informan con proporcionalidad y equidad, o si hay partidos que reciben un trato privilegiado o, por el contrario, son marginados.

EL SISTEMA IMPOSIBLE

Listas desbloqueadas como mal menor

Cada grupo parlamentario presentará su propuesta de sistema electoral en forma de enmienda y lo defenderá en el pleno. Será un gesto inocuo, cara a la galería, dado que ninguno de estos modelos concita los requeridos 90 votos para que prospere. Cuando se constate el bloqueo, CiU, ERC e ICV-EUiA plantearán la solución de emergencia que ya tienen apalabrada: consagrar la fórmula vigente (derivada de la normativa estatal y basada en la Ley d'Hondt) y desbloquear las listas para que los electores puedan marcar candidatos preferentes en la papeleta de voto. Este cambio podría producir que candidatos situados en la parte baja de la lista acabasen logrando escaño y desbancando a nombres de la parte alta. Una bomba de relojería en partidos con divisiones internas, caso del PSC, al que nunca ha agradado la medida.

A los socialistas les parecen insuficientes estos retoques y reclaman que se incluya en la nueva norma algún otro mecanismo que aumente la proporcionalidad. Su preferencia es efectuar un escrutinio nacional de los votos en vez del actual recuento por circunscripciones, una propuesta que ICV-EUiA, PPC y Ciutadans ven con buenos ojos pero que CiU y ERC rechazan de plano porque perjudicaría a Tarragona, Girona y Lleida en beneficio de Barcelona. La otra posibilidad que se ha puesto sobre la mesa es actualizar el censo para corregir la asignación de escaños a cada provincia, que todavía se rige por el censo de 1979. Pero esta solución choca con el mismo agravio territorial.