¿Por qué la ley de claridad canadiense no hace honor a su nombre?

La apuesta del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, por la ley de claridad canadiense para desbloquear la relación entre Catalunya y España, en caso de fracasar la reforma constitucional, ha levantado mucha polémica. La vuelta a la senda del referéndum ha reabierto la herida entre el PSOE y el PSC y también ha generado división en el seno del partido, como se plasmó en la última reunión del consejo nacional. En el comité federal del PSOE, Javier Fernández, barón socialista asturiano, llegó incluso a exigir al PSC que eligiera entre el referéndum o el PSOE. Lo que igual desconoce Fernández, y mucha gente, es que aquella ley de claridad fue más un elemento para desactivar referéndums que para incentivarlos.

Canadá aprobó en el año 2000 esa norma en respuesta a las aspiraciones independentistas de Quebec, que había celebrado dos consultas sobre la independencia, en 1980 y 1995. La ley planteaba que la Cámara de los Comunes (el equivalente del Congreso español) sería la que decidiría qué es una pregunta clara y qué es una mayoría clara (50%, 60%, 70% o lo que considerase). Los nacionalistas quebequeses no reconocieron la legitimidad de esta norma y la Asamblea Nacional de Quebec respondió con su propia ley, que no aceptaba el corsé de ningún otro parlamento y planteaba que para ser independiente bastaría con lograr el 50% de los sufragios. La realidad es que, desde entonces, no se han vuelto a celebrar consultas.

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"La ley de claridad dice que un referéndum sobre la secesión tiene que tener pregunta muy clara, mayoría muy clara y si se opta por la secesión, tiene que haber una negociación que no necesariamente termina en independencia -explicaba Miquel Iceta en una entrevista en EL PERIÓDICO-. Se critica que esta ley no es clara y es verdad, porque defiende una mayoría clara pero no dice cuál, una pregunta clara y no dice cuál". La ponencia política del PSC lo plantea como 'plan b' por si falla la reforma constitucional, lo que lo convierte en un aviso al PSOE para que apueste por una Carta Magna suficientemente atractiva como para disuadir a parte de los catalanes que quieren marcharse de España.

Siguiendo el planteamiento del PSC, adaptar la ley a Catalunya implicaría que, tras un pronunciamiento de una mayoría reforzada del Parlament, las Cortes deberían recoger esta petición y pedir al Gobierno la convocatoria de una consulta, con una pregunta clara. En caso de victoria de la secesión, para hacerla efectiva sería necesaria la reforma de la Constitución.