Los testigos del 9-N sostienen que el Govern desoyó al Constitucional

Con la obligación legal de no mentir, los testigos han empezado a desfilar este martes en el juicio por la consulta del 9-N. Y no han tardado en aparecer las contradicciones. Varios testimonios han sostenido versiones opuestas sobre si desde la Generalitat se presionó a directores de institutos y escuelas para que abrieran sus puertas el día de la votación. Lo que sí han avalado varios testigos en la segunda sesión del juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau es que la Generalitat no se desentendió de la consulta alternativa, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC), pues continuó con los preparativos para la votación, contratados antes de la suspensión.

Así lo han afirmado directivos de empresas que efectuaron servicios hasta días antes del 9-N. El de la compañía Focus, Daniel R. Martínez, ha explicado que estuvo montando el centro de prensa hasta el 8-N. El que era entonces director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, Joan Escalé, ha reconocido que se repartieron ordenadores para la votación el mismo fin de semana del 9-N. Y un directivo de T-Systems, Bernat Rigau, ha admitido que entregó aplicativos informáticos el 6 o 7 de noviembre, después de la prohibición, y que la Generalitat le ordenó tras la suspensión que continuaran con las tareas.

BATALLA TÁCTICA EN LA SALA

En la sala se ha vivido una batalla entre la fiscalía y las defensas para llevarse a su terreno a los testigos. El inspector de la Conselleria d’Ensenyament Josep Alsina ha dado munición a la acusación al declarar que el Govern estuvo "forzando" a los directores de los centros educativos a abrir sus puertas el 9-N, ante lo cual aconsejó a varios de ellos que pidieran instrucciones por escrito. En otro momento de su declaración ha hablado de "presiones" por parte de la Generalitat.

El también inspector Jesús Rul ha dado más argumentos a la fiscalía al declarar que en una reunión su jefe, Francesc Güell, pidió a los funcionarios de su categoría que se "abstuvieran" de actuar sobre del 9-N. En esa reunión, según su versión, su jefe comentó: "El amo puede hacer lo que considere oportuno".

LAS DIRECTORAS DE INSTITUTO

A continuación, dos directoras de instituto han defendido tesis distintas. Mientras Josefa Bosch, que dirigía en el 2014 el instituto Pompeu Fabra de Badalona, ha desmentido que se sintiera coaccionada ("Presión hubiera sido si nos hubieran obligado a nosotros a abrir los centros”), Dolores Agenjo, la responsable del IES Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat, ha explicado que le llamaron reiteradamente desde Ensenyament para requerirle las llaves, pero que ella se negó a entregarlas si no recibía antes una orden por escrito que nunca llegó. Esta directora no aceptó quedarse el material para la votación y el instituto no abrió.

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Agenjo, que fue en la lista de Ciutadans al Congreso, ha relatado las llamadas de Montserrat Llobet, directora de Serveis Territorials d’Ensenyament de les Comarques de Barcelona: "Me sentía violenta porque era mi superior". Llobet, sin embargo, ha declarado que se limitó a informar en una reunión de que "seguramente" sus institutos serían sede del 9-N, al ser propiedad de la Generalitat, y ha rechazado haber presionado a nadie, al igual que Francesc Güell, inspector jefe de Ensenyament en el 2014. Este solo ha reconocido que "hubo un tira y afloja".

Joan Cañada, que fue segundo de la 'conselleria' de Joana Ortega, ha hecho un flaco favor a las defensas al explicar que cuando el TC acordó la suspensión del 9-N, él asumió que no podía seguir con los preparativos y así se lo comunicó a la vicepresidenta del Govern.