El juez sitúa a Puigdemont en reuniones del 3% al reactivar el caso

Al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata no le gusta que las causas guarden polvo en los cajones. Hace apenas un mes asumió la causa del 3% y ya ha citado a los 23 imputados que todavía no habían prestado declaración, pese a que la mayoría de ellos fueron detenidos en febrero del año pasado por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell que hasta ahora se encargaba del caso. Se trata de altos cargos de CDC o de empresas públicas catalanas y de empresarios implicados en la supuesta financiación ilegal del partido. Todos ellos tendrán que desfilar por la Audiencia Nacional entre el 11 y el 22 de junio.

En la resolución en la que el magistrado sigue la línea marcada por el juez de El Vendrell en abril pormenoriza los hechos que imputa a cada uno de ellos y llama la atención que, pese al tono casi telegráfico que mantiene, mencione las dos reuniones que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantuvo, cuando aún era alcalde de Girona, con el directivo de Opraler Josep Manel Bassols. Explica que uno de los imputados que comparecerá en la Audiencia, el exdirector general de la empresa pública Bimsa Ángel Sánchez Rubio, fue quien ayudó a la constructora a introducirse en la contratación pública de Girona.

Para ello, preparó una comida el 5 de junio de 2013 con Puigdemont y con el exconcejal de Barcelona Antoni Vives,Antoni Vives citado para el próximo 14 de junio, para "seguir con el tema". El siguiente encuentro fue en el Parlament "con el objetivo de preparar nuevo pliego y organización de licitaciones", según reza en los partes comerciales de la constructora.

Cuando la construcción de un carril bici recae en esta empresa, Sánchez Rubio y Ernest Santolaria Fomanaya, que era director de obra civil de Bimsa y comparecerá ante el juez el día 13, reciben un paquete de experiencias vacacionales valorado en 579,80 euros. La licitación de la carretera de Les Aigües supone al primero un jamón, según los correos electrónicos intervenidos.

Dirigir los contratos

Todos los imputados citados colaboraron en la medida que les permitía su cargo en “poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente al partido político, en forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Forum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concurso públicos, con la finalidad  de 'dirigir'  los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con 'donaciones' al partido”.

En el 'caso del 3%' se investigan delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.

Entre las personas que cita el juez se encuentran Francesc Xavier Sánchez Vera, quien ostentaba el cargo de responsable económico y jurídico de CDC; Anna Dolors, jefa económica financiera de CDC, de la que el auto dice que "interactúa" con el extesorero de esta formación Andreu Viloca, "en toda la gestión de donaciones en las cuentas de las fundaciones investigadas" o Carles del Pozo Cerda, gerente y coordinador de Área Económica de CDC.

Caja única

En ambos casos el magistrado destaca que "los flujos detectados entre las fundaciones Catdem, Forum, Nous Catalans y Ramón Trías Fagas y la formación política CDC, sin que medie una justificación aparente, obedecen a la existencia de una gestión bajo el principio de unidad de caja o caja única, para la administración de todos los recursos financieros".

El magistrado también interrogará a la directora de contratación y fianzas de Infraestructuras.cat, Pilar Matesanz y al presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona durante dos de los concursos investigados, Sixte Cambra, así como a varios de los empresarios que se concertaron “de modo encubierto con altos cargos de CDC y otros cargos de índole política para obtener la adjudicación ilícita de concurso públicos a cambio de la entrega de donaciones a fundaciones ligadas al partido”.