El juez investiga la ocultación de facturas del Diplocat para el 1-O

El juez de Barcelona que tramita la causa por los preparativos del referéndum unilateral del 1-0 investiga si la interventora general de la Generalitat ha ocultado facturas del Diplocat, un órgano de política exterior del Gobierno catalán, que, a su entender, podrían estar vinculadas a la organización de la consulta soberanista. Así, ha requerido a la Administración autonómica documentación y un informe sobre el asunto. Precisamente este martes está previsto que declare como imputada la interventora, Rosa Vidal.

La Guardia Civil ha constatado que una partida de gastos del Diplocat tiene la misma numeración que otra de la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unión Europea, así como irregularidades en otras facturas de esta entidad que, según el instituto armado, fue usada por el gobierno de Carles Puigdemont para internacionalización del proceso independentista, “utilizando para ello recursos públicos".

Una de las facturas que están bajo sospecha y que asciende a 206.371 corresponde a trabajos sobre el “Análisis y el contexto político de Catalunya”, otra sobre  “Workshop de expertos Europa" (34.763 euros) y una tercera sobre “Programa de visitantes internacionales” (64.654 euros). En total, más de 300.000 euros. El juez no solo ha requerido la “entrega inmediata” de una copia de las citadas facturas, sino también información sobre la partida presupuestaria a la que se cargaron.

En el caso de que no repercutan en ninguna partida definida, el togado reclama a la Intervenció General que explique por qué no constan en el gestor de contabilidad de la Generalitat, “cómo y dónde se pagaban las mismas” y por qué se le ocultó su existencia en anteriores informes.

Según un informe de la Guardia Civil sobre el material hallado en el registro efectuado el pasado mes de abril en la sede del Diplocat, esta entidad formaba parte de las denominadas estructuras de Estado y “participó en la preparación del 1-O, financiando informes y logística de observadores”.

No investiga rebelión

Por otra parte, el juez ha aclarado en un auto que aunque a alguno de los imputados se le informó en su día de que el proceso contra ellos era por sedición y rebelión, en el caso de que se hallaran indicios de que se hubieran cometido los mismos, cosa que no se ha sucedido, él no sería competente y debería inhibirse a favor de la Audiencia Nacional o, en el caso de los aforados, ante el Tribunal Supremo.

El magistrado señala que “no existen indicios suficientes sobre su participación en dichos delitos, sin perjuicio de que, en su día, pudieran resultar procesados por cualquiera de los otros también investigados en esta causa".