El juez interroga este martes a Ortega y Rigau por la consulta del 9-N

Apenas 12 días después del proceso participativo del 9 de noviembre del 2014, la fiscalía presentó la versión más dura de su anunciada querella contra el 'president' Artur Mas; la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, y la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, por "haber planificado, auspiciado y financiado" la votación del 9-N. Hoy, diez meses después de la presentación de la querella, Ortega y Rigau declararán en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en calidad de imputadas. El jueves, le tocará al 'president' en funciones, Artur Mas. Todos ellos negarán haber cometido el delito de desobediencia que se les atribuye.

Y no irán solos. Les acompañarán diputados, miembros del Govern y altos cargos de la Generalitat. Está previsto que ambas imputadas estarén hoy arropadas por todos los 'consellers'. Las entidades soberanistas han convocado por la tarde un acto de apoyo en la plaza de Sant Jaume en el que han confirmado su participación la alcaldesa de Barcelona, Ada ColauAda Colau, y los líderes de CCOO y UGT en Catalunya, Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez, así como el presidente del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Joan Rigol.

La querella se redactó en la Fiscalía General del Estado, que entonces dirigía Eduardo Torres-Dulce, y coincidía con la propuesta remitida desde Madrid a sus colegas de Barcelona días antes. La mayoría de miembros de la Fiscalía Superior de Catalunya rechazaron aquel borrador y se mostraron contrarios a emprender acciones legales contra los altos cargos del Govern y su máximo representante. La rebelión de los fiscales catalanes provocó que Torres-Dulce convocara el 19 de noviembre la junta de fiscales de sala (la cúpula de la fiscalía española) y que sus componentes avalaran la presentación de la querella por los delitos de desobediencia grave, usurpación de funciones públicas, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, delitos que comportan penas de inhabilitación y prisión.

En la querella se acusa al Govern de desplegar "una conducta incompatible" con la orden de suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el 4 de noviembre. La fiscalía sostiene que los querellados habían participado "de manera personal y directa" en la celebración del 9-N.

"PERSISTENCIA EN LA VOLUNTAD"

La acusación pública también considera que las decisiones adoptadas por la Generalitat tras la suspensión del TC "confirman la persistencia de una voluntad de sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones [...] conforme a Derecho". Y que sus decisiones, "escritas o no, les han situado extramuros del ordenamiento jurídico" porque solo buscaban "hacer prevalecer su voluntad" sobre los mandatos del Constitucional. Para la fiscalía, la suspensión del TC fue una "orden absoluta, tajante e inequívoca". Por ello, la querella expone que las resoluciones del TC "son vinculantes" para el Govern.

La defensa de los imputados niega que estos hayan cometido un delito de desobediencia, ya que respetaron "en todo momento la normativa aplicable", en una "actuación políticamente comprometida e institucionalmente responsable", según fuentes jurídicas. A su entender, el Constitucional abortó la celebración de una consulta y, en su lugar, se realizó un proceso participativo que se desarrolló de forma "pacífica y democrática". Los abogados de los imputados también sostienen la inexistencia de un mandato preciso del Constitucional y de una negativa "abierta, reiterada y contumaz" a dar cumplimiento a la resolución del TC, como exige el Código Penal para apreciar el delito de desobediencia.