El juez impone una fianza de 8,1 millones para Urdangarin y Torres

El juez José Castro ha decretado en una extensa resolución de 500 páginas una fianza de responsabilidad civil de 8.189.448 millones de euros para Iñaki Urdangarin y Diego Torres por su actuación en el Instituto Nóos. El magistrado ha atendido la solicitud de fianza efectuada por la <strong>Fiscalía Anticorrupción</strong> y el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, por el desvío de fondos públicos de las arcas de las comunidades autónomas de Valencia y Baleares entre el 2004 y el 2007, bajo los mandatos de Francisco Camps y Jaume Matas, ambos del PP.

La resolución también reconoce el perjuicio reclamado desde el Govern balear de José Ramón Bauzá, por valor de 3,8 millones de euros, que, a diferencia del ejecutivo valenciano, está personado en la causa. La cantidad desviada se estima en unos seis millones de euros y para determinar la fianza se le suma un tercio, tal y como establece la legislación.

Dinero o embargo

En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción sostenía que todas las empresas del entramado societario orquestado en torno a Nóos eran responsables civiles directas del perjuicio causado, al haber sido beneficiarias de los fondos desviados, incluida Aizoon, la mercantil que el duque de Palma comparte con su esposa, la infanta Cristina. Al menos, se le habrían desviado 747.00 euros. El juez establece un plazo de cinco días hábiles desde el siguiente al de la notificación de la resolución, y, en caso contrario, se procedería al embargo de los bienes. El duque dispone del palacete de Predalbes y tanto él como su socio son propietarios de un amplio parque de pisos. Cabe aún la posibilidad de presentar un recurso contra la resolución del juez Castro.

'Delirium tremens'

Urdangarin alegó "falta de indicios racionales de criminalidad" en su comportamiento en Nóos y, por tanto, "inexistencia de responsabilidad civil" frente a la solicitud de fianza de 8,1 millones de euros, en un escrito con duras críticas a la actuación de las acusaciones, especialmente a la ejercida por el Govern balear de José Ramón Bauzá. "Entra en el terreno del 'delirium tremens' que la propia Administración que decidió la forma jurídica en que debía llevarse a cabo la colaboración propuesta, tenga la osadía de personarse como acusación", sostuvo su defensa, ejercida por Mario Pascual Vives, quien lo contrapuso a la Comunidad Valenciana, ausente en la causa. El juez no ha aceptado sus argumentos.