NUEVAS PESQUISAS EN LA TRAMA

El juez estrecha el cerco en CDC por la financiación ilegal

Artur Mas, durante la comparecencia ante la prensa.

Artur Mas, durante la comparecencia ante la prensa.

J. G. ALBALAT / BARCELONA / MARGARITA BATALLAS / MADRID

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La Guardia Civil ha detenido este miércoles a 10 personas y han practicado más de una veintena de registros, entre ellos en la sede de Convergència Democràtica (CDC) en Barcelona, por la presunta financiación ilegal del partido nacionalista a través del cobro de comisiones a cambio de obra pública. Los agentes han detenido a primera hora de la mañana en su domicilio al tesorero de CDC y administrador de la fundación convergente CatDemAndreu Viloca, y, después, al exgerente del partido y secretario del patronato de dicha fundación, Carlos del Pozo, así como a una administrativa. De forma simultánea, se ha procedido al arresto de Josep Antoni Rosell, director de la empresa pública Infraestructures de Catalunya, el ente público encargado de licitar las obras de la Generalitat, que también ha sido registrado, y de seis directivos de cinco constructoras. A un séptimo no se le detuvo por hallarse en Cuba. Se les atribuyen varios delitos, entre ellos financiación ilegal de partidos políticos

La tercera fase de la operación 3% ha sido dirigida por el el juez de El Vendrell Josep Bosch -que inició las pesquisas en el 2014 a raíz de una denuncia contra el alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué- y los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo José Grinda. Los dos golpes anteriores fueron la entrada en julio pasado en la empresa Teyco y la detención, entre otros, de Jordi Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de CDC, y el registro el 28 de agosto de la fundación CatDem y del despacho de Viloca en la sede de CDC. Los documentos hallados en estas actuaciones han permitido estrechar el cerco contra el tesorero de Convergència y los empresarios acusados de pagar comisiones (la media es de un 3%) al partido de Artur Mas a cambio de la adjudicación de obra pública o servicios públicos. La fiscalía sostiene que ha actuado debido al riesgo de destrucción de pruebas.

IRRITACIÓN PRESIDENCIAL

Como sucedió en agosto, la irrupción de los agentes en la sede convergente ha irritado de nuevo al líder del partido nacionalista, Artur Mas, que ha afirmado que tanto él como CDC se sienten «objeto de caza mayor» y criticó la «sobreactuación» de la Guardia Civil y la fiscalía. «No encontrarán nada irregular porque no hay nada irregular en la adjudicación», ha asegurado, informa Fidel Masreal.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado que el análisis documental e informático del ordenador y las cajas de documentación intervenidos en el despacho del tesorero de CDC en agosto ha sido la espoleta para que la Guardia Civil, por orden del juez, lanzara este miércoles la macrooperación. La fiscalía sostiene que es «de especial relevancia» que se recogieran documentos destruidos en una trituradora en el despacho de Viloca (también administrador de las fundaciones Fòrum Barceliona y Nou Catalans). Estos papeles han sido reconstruidos y han permitido confirmar que empresas beneficiarias de adjudicaciones han donado fondos a la fundación CatDem. Los investigadores sospechan que el destino final de ese dinero era CDC.

A lo largo de este miércoles, la Guardia Civil detuvo a directivos o antiguos altos cargos de las empresas Copisa, Rogasa, Grup Soler, Oproler y Tec Cuatro, y registraron sus oficinas y sus domicilios. Los agentes también se han personado en la compañía Urbaser, aunque el directivo que buscaban está en el extrajero, y en el Ayuntamiento de Olot y Sant Fruitos del Bages. Las empresas investigadas han hecho cuantiosas donaciones a la fundación CatDem.

LAS SOSPECHAS

Urbaser es una filial del grupo constructor ACS, cuya fundación ha hecho donaciones a la fundación de CDC. Los investigadores siguen el rastro de la concesión del servicio de limpieza y basuras del Ayuntamiento de Olot, adjudicado en el 2011 por 2,34 millones a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Ifgar y Urbaser. El Grup Soler, por su parte, también ha aportado importantes cantidades de dinero a la fundación de CDC. Esta empresa, situada en Sallent, construyó el centro cívico Nexe en Sant Fruitós del Bages. El actual alcalde del municipio, Joan Carles Batanés (Gent fent Poble), afirmó ayer que «quien ha de esta preocupado es la gente de CiU, que gobernaba en aquel momento». La constructora hizo una donación a CatDem de un 3% exacto de esta obra.