El juez ordena la detención de Anna Gabriel ante su incomparecencia

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena no ha dado todavía el primer paso para solicitar a Suiza la extradición de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y desde ese país ya se ha advertido de que "ninguna extradición ni tampoco ninguna otra forma de ayuda jurídica" se producirá "por delitos políticos". De momento, el juez se ha limitado a transformar la orden de citación de la exparlamentaria en una de detención, al no haber comparecido ante el alto tribunal este miércoles.

A Suiza le respondía el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recordando que existe un tratado de extradición firmado entre ambos países, en el que se establecen los procedimientos y circunstancias para conceder la entrega del reclamado, por lo que "no hay que prever ninguna dificultad" al requerimiento que dicte Llarena.

Anna Gabriel: "Es Suiza la que decidirá qué hace conmigo"

Pese a lo previsto el magistrado ha decidido seguir su propia estrategia respecto a las reclamaciones internacionales, como hizo cuando anuló las euroórdenes dictadas por la jueza Carmen LamelaCarmen Lamela contra Carles Puigdemont y los cuatro 'exconsellers' autoexiliados en Bruselas o cuando se negó a tramitar una nueva cuando el 'expresident' se desplazó a Dinamarca Dinamarca a dar una conferencia, pese a lo solicitado por la fiscalía.

Según lo que acostumbra la Audiencia Nacional -órgano donde se suelen tramitar las órdenes de detención y entrega europeas-, este mismo miércoles habría dictado los requerimientos de arresto nacional e internacional, sobre todo al tener conocimiento de dónde se encuentra la huida. Pero el juez Llarena ha optado por limitarse a transformar la citación desoída "sin causa legítima" de la exdiputada en una orden de detención para su puesta a disposición del alto tribunal. 

Un auto imprescindible

Fuentes del alto tribunal han precisado que de momento la orden de arresto solo afecta a España. Y fuentes jurídicas señalan que la orden de detención internacional con fines de extradición solo se puede dictar con un auto de prisión -como el que solicitaba la fiscalía para iniciar el trámite ante las autoridades suizas- que la respalde o uno de procesamiento, como el que se prevé que se dicte para los 28 imputados el próximo marzo o cuando el magistrado aprecie "indicios racionales de criminalidad" suficientes contra ellos. Ese auto en el caso de Gabriel es imprescindible para rellenar el formulario previsto en la ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales que el magistrado deberá completar si quiere que exista alguna posibilidad de que la exdiputada sea extraditada a España. 

Sobre todo teniendo en cuenta que su participación en los delitos de rebelión, sedición y malversación se considera de un "segundo nivel", por lo que no aparecía en la querella fiscal que dio origen al procedimiento. En la segunda tanda de imputaciones, en la que Llarena la incluyó, su implicación también era mucho menor que la de otros imputados, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que quedó en libertad bajo fianza de 60.000 euros.

El sistema extradicional suizo es muy similar al español. Son los tribunales los que revisan cualquier petición de otro Estado, pero el Gobierno tiene la última palabra si los jueces han dado el visto bueno a la extradición; si la han denegado, no pueden entregar al reclamado en ningún caso. 

Folco Galli, portavoz del Departamento de Justicia helvético, se ha reafirmado en las declaraciones del martes en las que descartaba extraditarla. "Incluso si resulta que los hechos alegados contra la señora Anna Gabriel también fueran punibles en Suiza -por ejemplo, en virtud de los artículos 265 o 266 del Código Penal ["cualquier persona que lleva a cabo un acto con el objetivo, mediante el uso de la violencia, de cambiar la constitución de la Confederación"]-, la extradición a España no sería posible", zanjó. 

Delitos políticos

Fuentes jurídicas españolas recuerdan que el artículo 3 del Convenio Europeo de Extradición veta las entregas por delitos políticos y consideran que el debate debe centrarse en qué se entiende por este tipo de ilícitos. Admiten que es difícil distinguirlos del delito de rebelión que se imputa a Gabriel teniendo en cuenta que desde la segunda guerra mundial no se ha dado ningún caso en Europa. De ahí que duden de su entrega, sobre todo con el precedente de Hervé Falciani, reclamado por Suiza por violar el secreto bancario. La Audiencia Nacional rechazó su extradición al considerar que ese delito no existe en España.

Todo ello unido a la contundencia con la que se han pronunciado ya las autoridades suizas y al papel secundario jugado por Gabriel en el plan secesionista investigado hace pensar a estas fuentes en la posibilidad de que Llarena retrase la petición de extradición. Consideran que puede ser procesada en rebeldía y juzgada cuando ponga los pies en España. El delito de rebelión que se le imputa no prescribe hasta transcurridos 20 años.