El juez anula el tercer grado a Jaume Matas

El juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid, Florentino de Marcos Madruga, ha anulado el tercer grado expresidente balear Jaume Matas, que cumple una condena de nueve meses en Segovia por tráfico de influencias en la contratación del periodista redactor de sus discursos.

El tercer grado le fue concedido el pasado 29 de octubre por la Subdirección de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, pese a que la Junta de Tratamiento de la cárcel había decidido mantenerle el segundo grado por cinco votos frente a tres. Desde la instancia política, se justificó la gracia alegando que había cumplido un tercio de la pena, que había ausencia de peligrosidad y que se trataba de una persona adaptada socialmente, con apoyo familiar y con actividad laboral exterior, ya que se había dado de alta como autónomo a los 35 días de ingresar en la cárcel. Sin embargo, el magistrado ha revocado ahora la medida, al aceptar el recurso planteado por la Fiscalía para devolver a Matas al segundo grado. Contra el auto, cabe recurso. El expresidente balear tiene ahora tres días para recurrir ante el juez de Valladolid, y cinco para hacerlo ante la Audiencia de Palma, que fue la que le condenó.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la decisión se basa en considerar que no hay reeducación del interno y sí riesgo de ruptura de la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.

El juez ha valorado la gravedad de los delitos de corrupción y su impacto en la sociedad. "Si la aplicación de la norma es susceptible de proyectar sobre la comunidad la sensación de vaciamiento e incluso de cierta impunidad, cosa que puede ocurrir por la clasificación prematura en tercer grado de un interno, los fines de la pena pueden verse pervertidos, máxime en un delito de la naturaleza del que nos ocupa, tráfico de influencias, caracterizado por el abuso de la confianza depositada en un cargo público, y en un momento de gran sensibilidad social al respecto", dice el auto, donde subraya que gozar de un medio sociofamiliar normalizado "es habitual en la delincuencia llamada de 'guante blanco'".

Además, observa el magistrado que "no hay prueba alguna de la existencia del arrepentimiento, asunción del hecho, conciencia del daño causado y del descrédito causado a la institución pública" en el expresidente balear. En este sentido, considera que salir al polideportivo o apuntarse a un campeonato de frontenis, como argumentaba su defensa, "difícilmente suponen paso alguno hacia la concienciaciónd delictiva". También ha tomado en consideración el magistrado la carga penal que soporta Matas, con seis causas abiertas por corrupción durante su mandato al frente de la comunidad autónoma balear.

CONDENADO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

La Secretaría General, en contra de la Junta de Tratamiento de la cárcel segoviana, que le clasificó en segundo grado, basaba la concesión del tercer grado en que Matas ya ha cumplido más de la tercera parte de sus nueve meses de condena por un delito de tráfico de influencias en el primer juicio del caso Palma Arena.

Otro de los factores que se habían considerado es la primariedad delictivas (que solo está penado por esta causa), la escasa duración de la condena (nueve meses), la buena conducta observada en prisión, que se presentó voluntariamente en prisión para cumplir condena y la posibilidad de actividad laboral en el exterior.

ECONOMISTA Y AUTÓNOMO

De hecho, el expresidente de Baleares se dio de alta en la Seguridad Social como trabajador autónomo el 1 de septiembre, apenas 35 días después de ingresar voluntariamente en prisión. Cuatro días después escribió una carta a la Dirección en la que aseguraba que "necesitaba" retomar su actividad como economista, una de las causas de que Instituciones Penitenciaras le concediera el segundo grado.

Así, en pocos días Matas pasó de disputar torneos de "frontenis" contra otros presos dentro de los muros de la cárcel de Segovia a retomar sus actividades como licenciado en Económicas. No fue contratado en ninguna empresa, sino que trabaja por cuenta propia como autónomo. En concreto, asegura realizar trabajos como consultor en un despacho situado en el número 105 de la calle Don Ramón de la Cruz del centro de Madrid.

"Es mi voluntad y necesidad reiniciar con carácter inmediato esta actividad profesional que se centra en el campo de la consultoría y de desarrollo", pedía Matas el pasado 5 de septiembre al subdirector de tratamiento de la cárcel de Segovia en una carta escrita de su puño y letra. Habían pasado tan sólo 39 días desde que había ingresado por voluntad propia en el centro penitenciario segoviano el 28 julio.

Para el desempeño de su labor profesional, Matas fue dado de alta en la Seguridad Social el 1 de septiembre cuando todavía cumplía condena clasificado en segundo grado penitenciario. Declara una base de cotización de 875,70 euros mensuales, que es la base mínima para autónomos (la máxima es de 3.597 euros).

De 57 años, se encontraba cumpliendo una condena de 9 meses y un día por un delito de tráfico de influencias. Durante su estancia en prisión estuvo siempre ingresado en el Módulo de Enfermería debido a una discapacidad auditiva.

"Desde su ingreso en el Módulo de Enfermería realiza sus labores de limpieza como el resto de internos, sale todos los días al Polideportivo a realizar actividad física y se ha apuntado a un campeonato de frontenis", decía el informe de conducta elaborado por la prisión el 25 de septiembre.

En cuanto a su conducta grupal, "no tiene problemas con los internos del departamento. No presenta conflictos de convivencia. Su actitud de convivencia es correcta". Por otra parte, tenía comunicaciones regulares con sus familiares. El tercer grado concedido por Instituciones Penitenciarias, ahora derogado, permitía a Matas a dormir todos los días entre semana al Centro de Inserción dependiente de la cárcel se Segovia. El resto de tiempo vive con su mujer y el menor de sus tres hijos.

La Junta de Tratamiento de la cárcel, por contra, había decidido mantenerle el segundo grado por cinco votos a tres. La resolución defendía que "el interno mencionado está capacitado para vivir en régimen de semilibertad" e incluso "perfectamente preparado para su ubicación total en la sociedad".