El PP fracasa en el intento de enterrar la investigación de la 'operación Cataluña'

El PP trató de dar este lunes carpetazo a las expectativas para dirimir las responsabilidades políticas de la '<strong>operación Cataluña</strong>', pero acabó por ceder, presionado en una bronca monumental en el Congreso. El partido del Gobierno pretendía enterrar la comisión de investigación que fiscaliza el uso del Ministerio del Interior contra sus adversarios electorales a través de una policía política creada en la sombra. Acosados por la ofensiva de la oposición, los populares se rindieron a última hora de la tarde y permitirán, en una votación al final del pleno, este martes, prorrogar la comisión un mes. Ese oxígeno la mantiene con respiración asistida y permite al resto de grupos solicitar una nueva ampliación hasta final de año para investigar. Por el momento, la primera decisión es la comparecencia del exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó el 6 de junio.

La comisión estuvo a punto de quedar muerta enredada en una maraña reglamentaria, asfixiada bajo excusas procedimentales en un Parlamento en el que el dominio del reglamento es un arte que conduce a la victoria o a la derrota. 

Como fue creada por seis meses, expira la medianoche del 8 al 9 de junio. Los partidos intentaron este lunes por la mañana incluir en el orden del día de la sesión que comenzaba por la tarde una votación para prorrogarla, pero PP y Ciudadanos votaron en contra en una decisión de la Junta de Portavoces que requiere unanimidad. 

Ante este veto, la oposición al completo salvo C’s promovió otra salida: registraron la petición de un pleno monográfico la semana que viene, que no hay sesiones previstas. Aun así, el PP mantuvo el bloqueo.

RECAPITULACIÓN A ÚLTIMA HORA

Fuentes parlamentarias aludieron entonces a que la presidencia del Congreso difícilmente iba a convocar un pleno que obligaría a los 350 diputados a viajar a Madrid con el único motivo de votar para la prórroga de una comisión. Voces del PP insistieron en que "a Podemos" se le había "pasado el plazo" de registrarla a tiempo y alegaron que es "imposible reglamentariamente" votar este punto antes del pleno del martes 13 de junio. Como la comisión expira el 8 de junio, la prórroga llegaría con la comisión ya muerta.

Los grupos de la Cámara salieron indignados y apuntaron contra la presidenta del Congreso, Ana Pastor. "Sería una cacicada", advirtió el portavoz del PDECat, Carles Campuzano. Más irónico y pesimista, su homólogo en ERC, Gabriel Rufián, agradeció la "honestidad" del PP y C’s por decir "desde el minuto uno" que torpedearían la comisión. "Empezó mal, se desarrolló peor y acabó fatal. Directamente la quieren matar", convino el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech. El portavoz del PSOE censuró que se quiera "callar al Parlamento".

Ante la presión, C's se unió a la petición. Poco después, el PP reculó. Registró un escrito para que este martes se vote la ampliación de un mes, hasta final del periodo de sesiones. No es mucho, pero abre la posibilidad a la oposición de tramitar formalmente una prórroga de otros seis meses.

Con esa decisión, la comisión se reunió y los grupos aprobaron la comparecencia de Cosidó para el próximo martes a las tres de la tarde.

TORPEDEADA DESDE EL PRINCIPIO

La comisión nació débil, en octubre, paradójicamente impulsada por un PSOE que mostró entusiasmo discreto luego en acelerar su puesta en marcha y pareció aferrarse a mecanismos procedimentales para ir colocándole palos en las ruedas. PP, Ciudadanos y el propio grupo socialista se relevaron en esa tarea de poner obstáculos.

El más evidente, el de los tiempos. El PSOE reclamó dividir la investigación en dos fases: primero, recopilación de documentación y, solo después, comparecencias. La dilación en la llegada de la información llevó al bloqueo de la comisión tras dos únicas comparecencias que dejaron más ruido que avances sustanciales.

Declararon el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso. Negaron la existencia de una policía política y alegaron una "conspiración" en su contra.