El independentismo exige apartar a Marchena del juicio por el 1-O

El independentismo hurga en el descrédito del poder judicial para negar cualquier viso de que los procesados por el 1-O tengan un "juicio justo". Republicanos y posconvergentes sostuvieron que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena no puede continuar "ni un minuto más" al frente del tribunal que juzgará a la cúpula del 'procés' después de su renuncia a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la filtración de un pacto entre el PSOE y el PP y después de que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, manifestara en un chat que con él podría controlar la Sala Segunda "desde la puerta de atrás".

Leyeron el gesto de rechazar el ascenso como una confirmación de su "vinculación" con el partido conservador y trataron de inhabilitarlo públicamente como magistrado. "La justicia española está en quiebra", espetó la portavoz Anna Caula. Por su parte,  Eduard Pujol, abordó la polémica como una "prueba más del 155 judicial" y aseguró que "las togas del 155 trabajan por la venganza, cuando tendrían que trabajar por la justicia". Las defensas de los encausados ya han presentado escritos al TS pidiendo que sea apartado del juicio.

Los 'comuns' reclamaron una reforma del sistema judicial "profunda" pero prefirieron evitar valorar si debe seguir al frente del tribunal o no. Desde el PSC, "honoraron su profesionalidad" y afirmaron que su renuncia es un "ejemplo de imparcialidad". Por su parte, Ciutadans celebró que los jueces "estén por encima de la vergonzosa actitud de la vieja política" y defendió la "dignidad de Marchena frente a la indignidad de Cosidó". El presidente del PPC, Alejandro Fernández, salió en defensa de su compañero de filas y se escudó en que era una "conversación privada" para descartar su cese. Admitió, eso sí, que el acuerdo entre el PP y el PSOE sobre el reparto de cargos judiciales es un "proceso de negociación informal desafortunado". 

Adelanto electoral

Desde el Govern, defendieron que este 'whatsapp' "no deja de ser el dedo que apunta a la luna". Preguntada por este asunto, la 'consellera' y portavoz Elsa Artadi, enmarcó lo sucedido como un episodio más del "desprestigio del sistema judicial español". Pasó página y se centró en diagnosticar que, más allá de la Justicia, el Gobierno Sánchez también se encuentra "debilitado". El amago de avanzar las elecciones generales -y celebrar un 'súper domingo' en las urnas el próximo 26 de mayo- no escandalizó al Govern de Quim Torra.

Artadi se preguntó "qué intención tenía la moción de censura cuando no ha visto nada más que se presidente por ser presidente y sin poder aprobar los presupuestos del Estado". "Estaremos atentos", añadió, eludiendo entrar a valorar políticamente la decisión que acabe tomando Sánchez y maniobrando para no responder si a su gobierno le conviene o no esta eventualidad. Despejó poco después la misma incógnita en su Govern, preguntada por un adelanto en los comicios catalanes, y recondujo su discurso contra el Gobierno por falta de ofertas para desencallar el desafío soberanista. "No tenemos ninguna propuesta por su parte, no ha venido a explicar nada, le hemos pedido una cumbre para hallar caminos de solución política y de momento no tenemos respuesta", apostilló, a la espera de que responda a la petición formal de organizar una reunión entre ambos gobiernos en Barcelona, aprovechando la celebración de un consejo de ministros el 21 de diciembre en la capital catalana.