El mundo, contra el imperio del azúcar

EEUU, LA RESISTENCIA DEL 'GRAN AZÚCAR'

El ‘Gran Azúcar’ ha tomado en EEUU el relevo al 'Gran Tabaco' como enemigo público número uno de la salud, una industria que no solo ha engañado durante décadas a los ciudadanos sobre los efectos nocivos de su producto sino que también ha logrado influir y determinar la legislación para regularlo. En un país donde según un informe del 2013 de Credit Suisse entre el 30 y el 40% del gasto médico proviene de “temas íntimamente ligados al consumo excesivo de azúcar”, el máximo logro a nivel federal que ha habido hasta ahora en la campaña para limitar su consumo ha sido lograr que en la última edición de directrices de nutrición que realiza el gobierno de Washington se recomendara limitar ese consumo a 50 gramos al día en una dieta de 2.000 calorías. Esas directrices del Departamento de Agricultura y del de Salud, no obstante, siguen incluyendo el azúcar entre los productos “generalmente contemplados como seguros”.

MEDIDAS EN CALIFORNIA

Queda así, en manos de los estados, intentar moderar el consumo, y en ese contexto hay que entender los 43 intentos que ha habido desde 2008 de imponer impuestos a las bebidas azucaradas.  De momento en Estados Unidos esa tasación solo ha prosperado en la californiana Berkeley, donde se gravan los refrescos con azúcar desde que sus ciudadanos aprobaron la medida en una votación en el 2014. Otras tres ciudades de California y una en Colorado incluirán la pregunta sobre el llamado ‘soda tax’ en las elecciones del 8 de noviembre. Y la ciudad de Filadelfia aprobó el pasado junio el gravamen, que debe entrar en vigor el 1 de enero, pero la norma está retada ante la justicia.

El Govern y la CUP pactan un impuesto sobre las bebidas azucaradas

Fue en un tribunal, justamente, donde murió horas antes de llegar a nacer una iniciativa como la de Nueva York, donde en 2012 el entonces alcalde, Michael Bloomberg, intentó otro enfoque tratando de vetar la venta de las bebidas gigantes.

El 'Gran Azúcar' lucha, además, por mantener las proteccionistas condiciones que el sector disfruta desde que se aprobó la primera ley que regulaba su producción y venta en 1934. Hoy el gobierno federal sigue controlando los volúmenes de producción y asigna cuotas a las compañías que algunos describen como un auténtico cartel. El lobi del azúcar se gasta unos ocho millones de dólares en cada ciclo electoral desde el 2008.

REINO UNIDO, EN PLENO DEBATE

El Reino Unido se encuentra en pleno debate sobre el impuesto a las bebidas edulcoradas. El pasado mes de marzo, el entonces ministro de Finanzas, George Osborne, anunció una tasa para estos productos, como parte de un plan para combatir la obesidad infantil, que lleva ya varios años en estudio. Las cifras a este respecto son cada vez más alarmantes. Casi un tercio de los niños británicos entre los 2 y los 15 años sufren de sobrepeso y la mayor fuente de consumo de azúcar entre los menores, proviene de los refrescos.

El nuevo impuesto afectaría a las bebidas que contengan más de 5 gramos de azúcar por 100ml. El dinero recaudado se invertiría en programas escolares de actividad física y la promoción de dietas sanas y equilibradas. También se espera la reducción progresiva y voluntaria por parte del sector del 20% de azúcar en productos populares entre los niños, como cereales, galletas o yogures.

La tasa debería entrar en vigor en abril del 2018 y el sctor del azúcar ya se ha organizado para frenar la iniciativa. De acuerdo con este grupo, el impuesto no remediará el problema de la obesidad, pero pondrá en peligro puestos de trabajo. Un estudio publicado por el thintank Oxford Economics sugiere que la tasa reduciría las ventas de refrescos y gaseosas en 1,6%, pero eso llevaría a la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo en el Reino Unido y una caída en la contribución a la economía de 132 millones de libras.

También está en estudio, por parte del organismo regulador de la publicidad, la prohibición de usar celebridades para anunciar productos azucarados o insalubres, o la colocación de pósters de refrescos cerca de las escuelas.  

FRANCIA, UNA TASA DESDE EL 2002

En Francia, las numerosas campañas para reducir el consumo de productos azucarados parece funcionar. Según los datos de un estudio presentado por Chaire International sobre los riesgos cardiovasculares (ICCR), un francés bebe ahora 2,7 litros menos de bebidas azucaradas al año que en el 2010. Desde el 2002, existe una tasa que grava con 7,53 euros el hectolitro de este tipo de bebidas, lo que supone unos 2,51 céntimos por cada lata de 33 centilitros.

Un impuesto creado durante la presidencia de Nicolas Sarkozy que podría aumentar si sale adelante una inciativa parlamentaria presentada el pasado junio por dos diputados de signo político distinto que han propuesto situarla en los 21,47 euros por hectolitro. La medida podría suponerle al estado unos ingresos de casi 600 millones de euros.

El mismo informe parlamentario también plantea subir el IVA de las chocolatinas, ahora del 5,5%, hasta el 20%. Por otro lado, la Asamblea Nacional aprobó el pasado mes de abril prohibir las máquinas de bebidas azucaradas de libre disposición habituales en los restaurantes de comida rápida.

El programa nacional de nutrición y salud elaborado por la Ministra de Sanidad francesa, Marisol Touraine, se ha marcado como objetivo reducir al menos en un 25% el porcentaje de niños que toman a diario más de medio vaso de bebidas con azúcar. El programa promueve, al mismo tiempo, el consumo de agua.

MÉXICO, IMPUESTO DESDE EL 2014

En México se aprobó el 1 de enero del 2014 un impuesto a bebidas azucaradas de un peso por litro. El impuesto de aproximadamente 10% aplica a bebidas no alcohólicas que contienen azúcar añadida. Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública muestra que hubo una reducción promedio del 6% en las compras de bebidas con impuesto en 2014 comparado con la tendencia antes del impuesto. Esta diferencia se incrementó a lo largo del año hasta alcanzar una reducción del 12% en diciembre del 2014. La reducción en compras se observa en todos los grupos socioeconómicos pero es mayor en el nivel más bajo en el que se estima una reducción promedio del 9%, que alcanza un 17% en diciembre del 2014.