Homs ante el Supremo: "No se puede suspender lo que ya está suspendido"

El portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, aseguró este lunes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que "la consulta no se podía suspender porque no se puede suspender aquello que no se hace". "Ya dijimos que la consulta estaba suspendida y que hacíamos otra cosa, un proceso participativo", aseguró. A preguntas del fiscal del alto tribunal Jaime Moreno, Homs dijo que volvería a hacer "absolutamente" todo de lo que se le acusa, aunque, recurriendo a la ironía, sostuvo que había aprendido del criterio utilizado por la Fiscalía para rechazar la denuncia que él mismo interpuso contra Mariano Rajoy, en el sentido de que los incumplimientos del Gobierno central a resoluciones del Tribunal Constitucional no suponen desobediencias. 

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El segundo juicio por el 9-N empieza este lunes con Homs en el Supremo

Tras un pequeño rifirafe con el representante del ministerio público que llevó al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, a recordar al que era 'conseller' de Presidència en noviembre del 2014 que estaba "en el Supremo y no en su casa", y que "toda la Sala estaba deseando escuchar sus explicaciones", comenzó un interrogatorio, en algunos momentos farragoso, en el que Homs se aferró a una idea clave: la providencia del Tribunal Constitucional que suspendió el referéndum era tan "inconcreta" que "no había forma humana de entenderla", y que ello habría propiciado su juicio y el celebrado en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el 'expresident' Artur Mas y las 'exconselleres' Irene Rigau y Joana Ortega.

Una vez aclaradas las condiciones del "toma y daca", en palabras del propio Homs, del interrogatorio fiscal, las preguntas de la acusación se dirigieron a acreditar que el recurso de la Generalitat contra la suspensión demostraba que era consciente de que con la consulta finalmente realizada con voluntarios se incumplía la orden del alto tribunal. Por su parte, Homs sostuvo que tenía "el encargo" de Mas y del Govern de "ajustarse a la legalidad", y mantuvo que la providencia del TC "mandaba tanto que no mandaba nada", ya que "los extremos son sinónimos en este contexto".

Se quejó de que la celeridad que tuvo el alto tribunal para suspender la consulta no se produjo en sentido contrario cuando el Govern quiso aclarar el alcance de la medida, y criticó que se dictara en el conflicto de competencias existente entre ambos ejecutivos a través de la presentación por la Abogacía del Estado de un incidente de ejecución de sentencia, algo que, en su opinión, no era la vía adecuada.

A su juicio, el alto tribunal había decidido ser "neutro" al no incluir la petición del Gobierno de Rajoy de mencionar las advertencias en las que podían incurrir los miembros del Govern por el incumplimiento, política que modificó un año después cuando decidió personalizar las notificaciones. Señaló que por un lado "estaban en juego derechos, como la libertad de expresión y el de participación politica, y del otro una providencia inconcreta del TC, que no es una resolución judicial", y "el Govern tuvo que tomar decisiones con la Constitución, el Estatut y las resoluciones del Parlament". 

NINGÚN DELITO

"Informé de que no habíamos cometido ninguna irregularidad y menos un tipo penal", señaló Homs, quien más tarde añadió que admitía "todos los hechos" que le atribuía el fiscal, porque "el debate jurídico consiste en si son delito o no", no en admitirlos, porque fueron "públicos y notorios", aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su momento los "ridiculizara".

Como ya hizo al declarar como imputado ante el alto tribunal, recordó que se le transmitió que si el 9-N, al concluir el proceso participativo, la Generalitat no ofrecía rueda de prensa, no se actuaría contra sus responsables, motivo por el que entendía necesario que declararan como testigos tanto Rajoy como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pruebas que la Sala volvió a rechazar hoy.

Homs atribuyó el haber sido imputado 15 meses más tarde que sus compañeros del Govern, a la llamada 'operación Catalunya' y sacó a colación la conversación grabada entre el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, cuando el primero se refirió a "afinar expedientes" en su contra.

Cuando terminó su declaración, por expresa invitación del magistrado Marchena, el diputado accedió a estrados para seguir el desarrollo del juicio junto a sus abogados. Desde allí escuchó a los primeros testigos, todos ellos relacionados con aspectos prácticos de la consulta, y al 'exconseller' Felip Puig que, al ser preguntado por el presidente si tenía interés en la causa, respondió con un "¿Interés? Complicidad política".

ACLARACIÓN POR CARTA

Él fue quien remitió al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) la carta que le había hecho llegar Homs, como responsable de los servicios jurídicos catalanes, para contestar a T-System. La empresa informática supo por los medios de la suspensión y quiso que la Generalitat le aclarara si eso afectaba a los servicios que había contratado con ella, para evitar tanto "un incumplimiento contractual", como el de "un requerimiento judicial".

Por su parte, Jordi Escalé, que era responsable del CTTI, distinguió entre la consulta suspendida y el proceso participativo que finalmente se realizó recordando lo tasado que se encuentran los procesos electorales, en los que se utiliza un censo, y la "ambigüedad" que presentaba el modelo celebrado, en el que ante la imposibilidad de utilizar el padrón se desarrolló un sistema estadístico que dio pie a que Mickey Mouse pudiera aparecer como votante.