DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
Guindos advierte de una posible multa de 5.500 millones a España en cuatro meses
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha advertido este martes de que si España no presenta en Bruselas acciones contundentes contra el déficit público antes del 15 de octubre se expone a una multa automática del 0,5% del PIB (unos 5.500 millones de euros) en el plazo de cuatro meses, “prácticamente imposible de evitar” en esta ocasión.
Bajo el peso esta amenaza, De Guindos ha pedido al Congreso de los Diputados su apoyo para el real decreto ley real decreto leyque el Gobierno en funciones prevé llevar al Parlamento en las próximas semanas para endurecer el impuesto sobre sociedades. “El 15 de octubre es una fecha clave”, ha señalado De Guindos en su comparecencia ante la Comisión de Economía, tras dar explicaciones por el ‘caso Soria’
SEIS OBJETIVOS
De Guindos ha anunciado la decisión del Gobierno en funciones de recuperar el tipo mínimo del pago fraccionado del impuesto de sociedades para grandes empresas que el Gobierno anuló para el 2016 con su reforma fiscal. El Gobierno en funciones no solo dará marcha atrás y recuperará este pago fraccionado mínimo para grandes empresas; además ha decidido elevar este porcentaje mínimo desde el 12% anterior al 20%, para empresas con una facturación superior a 20 millones de euros.
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El objetivo último de eta medida es múltiple. Primero, recaudar 6.000 millones de euros adicionales. Segundo, evitar el desplome del 85% que está sufriendo la recaudación por sociedades. Tercero, frenar el fuerte crecimiento del déficit del Estado, que ha subido el 20% hasta el mes de julio. Cuarto, convencer a Bruselas de que el Gobierno, aunque está en funciones, tienen capacidad para embridar las cuentas (para eso, también se adelantó a julio el cierre prespuestario para ahorrar 1.000 millones).
En quinto lugar, se busca evitar el posible recorte de hasta 1.325 millones de euros en fondos estructurales en el 2017. Y sexto, evitar la multa automática de hasta 5.500 millones en la “nueva fase reforzada y más restrictiva del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE)” en la que entró España en julio pasado cuando –entonces, sí- logró evitar una multa de hasta el 0,2% del PIB a cambio de la promesa de adoptar medidas efectivas contra el déficit público. “Esto es lo que está en juego”, ha dicho el titular de Economía.
VIGILANCIA REFORZADA
En julio pasado, la Comisión Europea, además de cancelar una multa que parecía cantada, optó por ofrecer una nueva senda de reducción del déficit público con dos años extra para cumplir el objetivo de situar el déficit público por debajo del 3% del PIB. La nueva senda de objetivos de déficit público incluye el 4,6% para el 2016; el 3,1% en el 2017 y el 2,2% a finales del 2018.
A cambio, España deberá presentar en Bruselas antes del 15 de octubre no solo un plan presupuestario para el año próximo (De Guindos ha dicho que se presentará una prórroga de las cuentas del 2016 en un escenario sin cambios fiscales) sino también un informe con los esfuerzos presupuestarios necesarios para embridar el déficit.
Y este no será “el final de la historia”, advirtió ya entonces el propio comisario de Economía, Pierre Moscovici, en alusión a la amenaza de una multa automática del 0,5% del PIB, cuya premura ahora reconoce De Guindos.
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