La Guardia Civil registra la sede de UGT de Andalucía

La inspección se enmarca en la causa judicial sobre el uso de fondos de formación que investiga la jueza Alaya

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil regitran desde primera primera hora de la mañana de este jueves la sede central del sindicato UGT Andalucía y dos empresas más vinculadas al sindicato sitas en Sevilla con la intención de recoger documentación, en el marco de la causa judicial sobre el uso de fondos de formación que investiga la magistrada Mercedes Alaya.

La 'operación Cirene', que es como se llama este registro, está conectada en la causa de los ERE pero es una pieza aparte, que tiene que ver con el mal uso de fondos públicos. Cuando se presentaron las denuncias sobre el mal uso de estos fondos, la misma magistrada ya estaba investigando la supuesta financiación irregular del sindicato.

El registro se ha iniciado sobre las 10.30 horas en la sede del sindicato ubicada en la calle Antonio Salado de la capital hispalense, y alargará toda la mañana. Según las mismas fuentes, los agentes están solicitando documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación.

Los empleados que se encontraban en el edificio no han podido salir, ni entrar los que estaban en la calle.

Fuentes sindicales han informado de que los agentes de la UCO se encuentran reunidos en la sede con miembros de la Ejecutiva de UGT-A, entre los que no figura el secretario de Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde la dimisión de Francisco Fernández Sevilla, que se encuentra de viaje.

Investigación de la jueza Alaya

La juez Mercedes Alaya asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre del 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.

Esta denuncia de Manos Limpias guarda relación con las diligencias incoadas por Alaya, declaradas secretas y derivadas de la denominada 'operación Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.