El Govern denunciará ante la fiscalía a Lesmes y Picazo por cambiar de criterio sobre el impuesto hipotecario

Nueva maniobra del Govern para resquebrajar la credibilidad del Tribunal Supremo (TS) aprovechando la aireada controversia que suscita su cambio de criterio sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas. La portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, anunció este viernes que acudirán a la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, incurrieron en algún delito al revisar la sentencia que favorecía al cliente y que acabó siendo modificada en una encuentro extraordinario para beneficiar a la banca.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, Artadi señaló que, a su juicio, estos magistrados "violaron las leyes propias del funcionamiento del TS" al desdecirse de una "sentencia firme". Preguntada por los delitos que presuntamente les achaca, evitó tipificarlos en el Código Penal y afirmó que detecta irregularidades "en cómo se han producido los debates", además de "posibles intereses particulares".

"La fiscalía tiene que garantizar que haya un control sobre todos los órganos de poder del Estado y ejercer su tutela y su obligación de investigar estos actos", justificó Artadi.

Fuentes del Govern aseguran que su equipo jurídico revisó previamente la viabilidad de esta denuncia y que se acabaron decidiendo por llevar el caso ante la fiscalía conscientes de que acudir directamente al tribunal al que pertenecen los magistrados a los que buscan acusar generaba mayor complejidad. La denuncia se aprobará este próximo martes día 13 de noviembre en la reunión del consejo ejecutivo y, una vez firmada, se llevará al ministerio público.

"La injusticia española es una amenaza contra la democracia y el Estado de Derecho", clamó la 'consellera' y enumeró algunos de los casos en los que considera que esto ha quedado patente, como los escritos de calificación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a la cúpula del 'procés', la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que considera que Arnaldo Otegi no tuvo un "juicio justo" y la "violación de la directrices europeas" por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando afirmó que los encarcelados en régimen preventivo por el 1-O habían "cometido delitos".

Dimisión

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ya reclamó la dimisión de Lesmes en su intervención en el pleno del Parlament el pasado miércoles. Argumentó que la polémica por el cambio de criterio en el impuesto de las hipotecas ahondaba en el "desprestigio" de la justicia española y aprovechó la tormenta para exigir una "rectificación" en los escritos de calificación provisional contra la cúpula del 'procés': "Están a tiempo de rectificar. Tienen que hacerlo. Cuando conviene hacerlo con los bancos saben hacerlo", enfatizó.