El Gobierno rehuye la creación de una comisión de investigación sobre el 'Fernandezgate'

La vicepresidenta juzga más "útil" la investigación interna sobre la grabación a Jorge Fernández Díaz que lleva a cabo el Ministerio del Interior

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PATRICIA MARTÍN / MADRID

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El Gobierno rehuye la creación de una comisión en el Congreso para investigar el 'Fernandezgate' y si ha habido, o no, guerra sucia contra el independentismo catalán. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha considerado este viernes que es más "útil" para conocer quien grabó al ministro en su despacho, en las conversaciones que mantuvo con el jefe de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, la investigación interna abierta por el propio ministerio del Interior que la creación de un órgano fiscalizador en la Cámara baja.

Además, la vicepresidenta ha aconsejado al Partido Socialista, formación que según ha avanzado EL PERIÓDICO, solicitará en el próximo periodo de sesiones en las Cortes la creación de dicha comisión, que "reflexione" y pregunte dentro de su partido a quienes manejan temas de Interior si es lo que más conviene o la fórmula "más útil" de averigüar "lo que se quiere saber". Asimismo, ha recordado que ministros ha habido tanto del PP como del PSOE. 

Curiosamente, la número dos del Ejecutivo parecía referirse exclusivamente a conocer quién grabó a Jorge Fernández Díaz en su despacho ministerial, el asunto que parece más preocupar al PP. Sin embargo, el PSOE y otros grupos quieren que la comisión de investigación vaya más allá y averigüe si existió la llamada 'operación Cataluña', una trama policial diseñada para buscar trapos sucios de los dirigentes independentistas. 

Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha recomendado por otro lado al Govern que cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional que desmonta las conocidas como estructuras de Estado. "La Generalitat no puede crear estructuras de Estado porque no lo es", ha aseverado. Asimismo ha recomendado al Ejecutivo de Carles Puigdemont que primero cumpla con eficiencia las competencias de las que ya dispone la administración catalana antes de pretender desarrollar esquemas estatales.