Ofensiva del Gobierno contra las estructuras de Estado de Mas

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha encargado hoy de comunicar que el Gobierno va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra buena parte de la ley catalana de medidas fiscales, financieras y administrativas, al entender que se ha diseñado para sembrar las bases de un nuevo Estado catalán y, por lo tanto, es inconstitucional según los criterios del Ejecutivo central, cuya posición llega avalada por sentencias previas del Tribunal Constitucional e informes favorables de la Abogacía y del Consejo de Estado.

Además, el Ejecutivo presentará un segundo recurso contra el artículo 34 de la ley de presupuestos catalanes, el que compete a la posible ampliación de plantillas de funcionarios al considerarse que vulnera los Presupuestos Generales del Estado del 2015.

La decisión adoptada esta mañana por el Consejo de Ministros llegá apenas unas horas después de que el Alto Tribunal diera a conocer su dictamen, aprobado por unanimidad, que declara inconsitucional la organización de la consulta del 9-N. Además, el recurso contra la ley de estructuras de Estado de Catalunya tiene la intención, según declaró la propia Santamaría, de evitar el posible efecto contagio a otras autonomías, dado que pactos de gobierno como el que se está fraguando en Valencia entre el PSOE, Podemos y Compromís incluye, entre otras cosas, la creación de una agencia tributaria propia.

En este contexto, la vicepresidenta recordó que el TC ya tumbó la declaración de soberanía -además de otros textos legales y actuaciones del Govern- y que eso supone un precedente "claro" para ahora volver recurrir a este tribunal, desde el Gobierno central, la ley de estructuras citadas en lo que concierne al contenido de los los artículos 69 y 95 y las disposiciones de la 22 a la 26. "Si es inconstitucional la declaración de soberanía, también es inconstitucional trabajar en la creación de estructuras de Estado", ha argumentado.

En este sentido, Sáenz de Santamaría aseveró que el simple impulso de estructuras como una agencia tributaria propia o el intento de inventariar los activos y pasivos que son del Estado o la realización de un catálogo de infraestructuras estratégicas que incluyen el agua y energía "en caso de desconexión legal" con España, entre otras cosas, son contrarias al espíritu de la Carta Magna y ponen en entredicho "la igualdad entre españoles".

Frente a eso, ha defendido, la labor gubernamental es "preservar el Estado de Derecho".