El Gobierno anulará las sentencias franquistas y creará una "comisión de la verdad" sobre la dictadura

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció este miércoles una batería de ambiciosas iniciativas relacionadas con el franquismo. El Gobierno prepara una reforma "integral" de la ley de memoria histórica para lograr cinco objetivos. Anular las sentencias dictadas por los tribunales de excepción de la dictadura. Impulsar las exhumaciones "desde lo público", no como ahora, que se llevan a cabo a iniciativa de los particulares. Crear una "comisión de la verdad" sobre el régimen. "Resignificar" el Valle de los Caídos, donde está enterrado Francisco Franco, cuyos restos el Ejecutivo pretende trasladar de forma inminente. Y "retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con sanciones económicas para el caso de incumplimiento" por parte de ayuntamientos y otras instituciones.

Al mismo tiempo, el Gobierno, dijo Delgado durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, estudia la vía para ilegalizar las asociaciones que hagan apología de la dictadura, como la Fundación Francisco Franco. En la actualidad, los donantes de esta entidad, que defiende la obra del dictador y sostiene que fue "la solución a todos los problemas que aquejaron a España", reciben beneficios fiscales.

El censo de víctimas

La Dirección General para la Memoria Histórica, de nueva creación, tendrá un papel fundamental en este esfuerzo. El organismo, en el que participarán juristas, arqueólogos y forenses, publicará cada año los datos de exhumaciones, el número de personas localizadas, las peticiones registradas y la cifra de "prospecciones sin resultado positivo". También difundirá un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El Ejecutivo, en este sentido, reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo, que Mariano Rajoy eliminó en el 2012.

En los Presupuestos Generales del Estado de este año, aprobados por el anterior Ejecutivo y asumidos por el actual, la cuantía destinada a memoria histórica es cero, en coherencia con la actitud del PP en este terreno. Así que las exhumaciones por parte del Estado, según fuentes del Ministerio de Justicia, tendrán que esperar a las cuentas públicas del 2019, si Pedro Sánchez logra aprobarlas. La reforma de la ley de memoria histórica, en cambio, podría estar lista en el 2018. El Gobierno espera contar con un "amplio consenso" parlamentario, que podría incluir, según las mismas fuentes, incluso al PP, que este miércoles no fue especialmente beligerante durante la comparecencia de la ministra.   

Solo por detrás de Camboya

"España no puede seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones que se refieren a violaciones de derechos humanos y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", señaló Delgado, citando el informe de Pablo de Grieff, relator especial de Naciones Unidas. En el 2014, De Grieff denunció la "inacción" del anterior Gobierno ante las "justas demandas" de las víctimas del franquismo.

Para la ministra, resulta "inaceptable" que "España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos", solo por detrás de Camboya. "No puede ser que personas con más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento. No puede ser que las víctimas tengan que acudir a otro país para poner en marcha un procedimiento que debería ser atendido en España en respuesta a la petición de justicia de obligado cumplimiento por nuestros tribunales. No puede ser que haya miles de víctimas hoy en España aquejadas de indefensión judicial", concluyó la titular de Justicia, para quien "esta lacerante indefensión nos humilla a todos como pueblo".  

Delgado, por último, explicó otro importante cambio respecto a la política de Rajoy. El Gobierno socialista quiere recuperar la justicia universal, recortada por el PP, y ampliarla a los delitos económicos.