El Gobierno maniobra contra el freno de la oposición a la LOMCE

El Consejo de Ministros ha tomado este viernes una decisión que supone un nuevo enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo en un tiempo político sin mayorías absolutas y que, además, puede suponer un freno (al menos temporal) en el camino emprendido por el Congreso para paralizar la ley para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE. El asunto puede acabar, otra vez, en el Tribunal Constitucional. Después de que el Parlamento aprobara el pasado martes los primeros trámites para tumbar la polémica ley de educación vigente, empezando por la suspensión de las reválidas previstas por la norma de José Ignacio Wert, el equipo de Mariano Rajoy reacciona y envía un escrito a la Cámara Baja pidiendo que se revise esa decisión por razones constitucionales. Y se reserva su derecho a pedir amparo al Alto Tribunal si no obtiene una solución que le resulte satisfactoria.

El Gobierno alega que la Mesa del Congreso se equivocó y superó sus funciones al admitir a trámite la proposición del PSOE que dio lugar al debate en pleno que, hace cuatro días, terminó con el resultado de que la oposición, por amplia mayoría, lograba, en contra del criterio del PP, que fuese admitida una iniciativa que va encaminada con enterrar la LOMCE. 

El Ejecutivo ya se había opuesto en las últimas semanas a que pudiese tramitarse por vía parlamentaria dicha iniciativa sobre educación, argumentando que su puesta en marcha podría alterar el marco presupuestario que en estos momentos rige las cuentas españolas y suponer una pérdida de hasta 600 millones provenientes de fondos europeos. Este dinero, procedente del Fondo Social, está vinculado al despliegue de la formación profesional (FP) básica, una de las diversas medidas introducidas en la LOMCE. 

En esta línea, el Consejo de Ministros invoca el artículo 134.6 de la Carta Magna, que le permite en principio imponerse sobre el poder legislativo cuando alguna de las decisiones adoptadas en las Cortes puede condicionar el equilibrio de las cuentas estatales.

INTENTO FRACASADO

Pero el Gobierno central ya había tratado de frenar esa iniciativa en la Mesa del Parlamento con esa misma justificación y, sin embargo, tras una votación en este órgano se optó por tirar hacia delante, pese a que sí se paralizaron otras propuestas de otra índole. Se produjo el debate el pasado martes y el resultado fue que la oposición dio el primer paso para terminar con la Lomce. Ante esto, el Ejecutivo vuelve a la carga y requiere, de nuevo, al poder legislativo que revoque su decisión por haber traspasado sus competencias. 

Así las cosas, puede ocurrir que en el momento en que un pacto de Estado por la educación pueda estar más cercano -se va a crear una subcomisión en el Parlamento con este fin y se le pondrá un plazo de meses para obtener resultados-, el Constitucional se encuentre con el recurso que se interpuso antaño por parte de la oposición, cuando nació la LOMCE, y otro reciente del renovado Gobierno de Rajoy tratando de frenar las acciones del nuevo y multipartidista Congreso en este terreno. Con ese ambiente y un conflicto difícil de dirimir entre poderes, sus señorías deben sentarse, se supone, para llegar a un acuerdo. Y pronto.