El Gobierno inicia los trámites para trasladar a los políticos catalanes presos en diez días

El Gobierno ha iniciado los trámites para trasladar a prisiones de Catalunya a los líderes del 'procés', acercamiento que se producirá en unos diez dias. Interior ha dado este paso tras preguntar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena si tiene previstas más diligencias. No obstante, el alto tribunal ha puntualizado que la única solicitud de información recibida procede de la cárcel de mujeres de Alcalá Meco y de Soto del Real y se circunscribe a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la 'exconsellera' Dolors Bassa, el expresidente de la Assamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes han solicitado su traslado a las cárceles de mujeres de Barcelona y de Girona, a Quatre Camins y a Brians II, respectivamente.

Llarena ha contestado a las cárceles madrileñas que "no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro concreto", subrayando que la decisión está sujeta a "los criterios penitenciarios" de Prisiones. Ya el pasado día 14 en el auto en el que rechazaba la libertad de Forcadell, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el 'exconseller' Raül Romeva, el magistrado recordó que la competencia para el traslado de presos corresponde a Instituciones Penitenciarias. 

A la espera de la celebración del juicio oral, Interior dice haber notificado al juez que tiene intención de trasladar a Catalunya a los dirigentes independentistas en situación de prisión provisional; en el alto tribunal solo tienen constancia de los escritos relativos a estos cuatro de los nueve procesados presos. Desde Interior señalan que se trata de un "protocolo ordinario" que se sigue con cualquier preso catalán con arraigo en esta comunidad autónoma, que tiene las competencias penitenciarias. Cuando sean trasladados, la vida en prisión de los líderes del 'procés' dejará de estar supervisada por Instituciones Penitenciarias y tomará el testigo el Servicio Penitenciario dependiente de la Consejería de Justicia.

Las defensas de los otros cinco presos también ha solicitado a la cárcel de Estremera su traslado, según fuentes jurídicas, aunque al Supremo aún no ha llegado ningún escrito. El exvicepresidente Oriol Junqueras y Raül Romeva lo pidieron el pasado 27 de abril, mientras que Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn han procedido a hacerlo este jueves. La respuesta del alto tribunal será la misma que ha enviado en relación a Bassa, Forcadell, Sànchez y Cuixart.

Un trámite con varios pasos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado públicamente el traslado a Catalunya una vez que finalice la instrucción, remitiéndose a cuestiones familiares y también al derecho de defensa de los procesados, que podrán estar más cerca de sus abogados para preparar el juicio. Lo supeditó a que el magistrado instructor diera por concluida la investigación, lo que aún no se ha producido formalmente con el correspondiente auto. 

El trámite se inicia con la notificación al juez por si existe algún impedimento de carácter procesal que desaconseje el traslado. Los nueve políticos catalanes en prisión provisional tienen que solicitar este traslado y, tras constatar que no hay impedimento, la junta de tratamiento de sus cárceles e Instituciones Penitenciarias tienen que elaborar un informe sobre la situación familiar y su vinculación con Catalunya. Una vez cumplimentado este informe se informa a la administración catalana, encargada de elegir el centro penitenciario en el que ingresarán los procesados por rebelión y malversación.

Reglamento penitenciario

La competencia sobre traslados y desplazamientos está regulada en el artículo 31 del Reglamento Penitenciario, que dice: "El centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso".

Dicho centro directivo, dependiente de la Administración, es quien ordena los traslados correspondientes "en base a las propuestas formuladas al efecto por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el Director o el Consejo de Dirección, así como los desplazamientos de los detenidos y presos que le sean requeridos por las autoridades competentes".

"Los traslados se notificarán, si se trata de penados, al Juez de Vigilancia, y, si se trata de detenidos y presos a las autoridades a cuya disposición se encuentren". Es en este último caso en el que se encuentran Junquera y el resto de exconsellers procesados por el Supremo.