El Gobierno estudiará si cabe presentar recurso

Los miembros del Ejecutivo central despertaron ayer pensando que la crisis con Catalunya se relajaba. Las portadas de todos los diarios recogían que Artur Mas renunciaba a la consulta planeada para el 9 de noviembre. En un foro económico, se le preguntó al presidente del Gobierno por esta decisión y Mariano Rajoy respondió que, de confirmarse, resultaría una «excelente» noticia, informa Rosa Sánchez. Claro que las palabras del jefe del Ejecutivo central llegaron minutos antes de que el propio president de la Generalitat especificase que ciertamente descartaba un referéndum en los términos planteados en el decreto sobre el 9-N que él mismo firmó, pero que tenía intención de convocar otro tipo de consulta popular. No dio demasiados detalles sobre la misma para no dar pistas al que considera «el adversario», esto es, el Estado, pero sí dijo que buscaría la forma de que los catalanes pudieran responder a las preguntas pactadas en su día por los partidos proconsulta.

A este punto se agarró el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para advertir a Mas de que plantear idénticas preguntas en una consulta participativa ya tenía «visos de inconstitucionalidad» y, por tanto, cabría el recurso. «Una pregunta asociada con la independencia no es una cuestión que entre dentro de las competencias de la Generalitat», insistió. Eso sí, añadió que si lo que le ronda al president por la cabeza es hacer «una encuesta», la llame como la llame, entonces «no hay problema». La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por su lado, dijo que la Moncloa estará pendiente de las «ocurrencias» de Artur Mas y estudiará posibles impugnaciones en el Constitucional.

FISCALÍA REACCIONA / En este contexto, Santamaría recordó que el Consejo de Estado, en su dictamen previo al recurso a la ley de consultas, ya sugirió que si se utilizaban con fines fraudulentos artículos no impugnados por el Gobierno central -los del título III que atañen a «encuestas y procesos de participación ciudadana»-, se podía ampliar el recurso gubernamental contra dicha norma en el Tribunal Constitucional.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, apuntó ayer que la fiscalía llevará a cabo una «serena reflexión» para determinar si la actitud de Mas apostando por otra fórmula de consulta tiene «relevancia penal». Mientras, el PP se burlaba del «macrosondeo» de Mas y le demandaba respeto a la ley y diálogo.