Ofensiva del Gobierno del PP contra las estructuras de Estado de Mas

El Gobierno central ha dado una nueva muestra de su cerrazón hacia el proceso soberanista catalán. Solo 24 horas después de recibir un espaldarazo en forma de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el proceso participativo del pasado 9-N, el Consejo de Ministros autorizó la presentación de un nuevo recurso ante el alto tribunal, que se interpondrá el lunes, para paralizar las llamadas estructuras de Estado que Artur Mas y Oriol Junqueras acordaron ir poniendo en marcha antes de las elecciones y que el Consell de Garanties Estatutàries ya rebajó considerablemente. El fallo obligó al Govern a atenuar su pretensión y, en lugar de asumir antes de los comicios competencias que no tiene, introdujo en la ley de acompañamiento a los presupuestos una especie de planes directores que la Generalitat se supone que pondrá en marcha si gana la opción independentista el 27 de septiembre.

Sin embargo, la tacha de inconstiucionalidad planeará sobre el plan para crear un estado propio mucho antes de la cita con las urnas, dado que la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría anunció ayer que el Ejecutivo solicitará al tribunal la suspensión inmediata del mismo, una orden que el TC debe cumplir sí o sí. Los precedentes auguran además que, haya o no fallo antes del 27-S, el Constitucional dará la razón al Gobierno. De hecho, la mano derecha de Mariano Rajoy se jactó ayer de las sucesivas sentencias en contra del proceso soberanista dictadas por los jueces, especialmente la que dejó sin efecto la declaración de soberanía del Parlament. "Si inconstitucional fue dicho pronunciamiento, inconstitucional es sentar las bases para ir trabajando en estructuras de un Estado que pudiera considerarse soberano", argumentó. Asimismo, presumió de contar con el aval de la Abogacía y del Consejo de Estado, quienes, según explicó, consideran que "no es posible" la creación de un estado independiente.

Los presupuestos

El recurso se dirige concretamente contra dos artículos y cinco disposiciones adicionales de la ley de medidas fiscales y financiaras que acompañó a los presupuestos y contra un precepto de los mismos. ERC condicionó su apoyo a las cuentas catalanas a cambio de que las mismas tuvieran el mayor barniz independentista posible. Pese a que el TC catalán obligó a una redacción más difusa de lo pretendido, el Ejecutivo recurre ahora el plan director para crear una agencia tributaria llamada a recaudar todos los impuestos catalanes; el organismo catalán de protección social; el inventario de los bienes del Estado que en alguna ocasión puedan ser transferidos a Catalunya; el catálogo de infraestructuras estratégicas y el plan relativo a los sectores de energía, telecomunicaciones, sistemas de información y transporte ferroviario. Asimismo, se impugna que el servicio meteorológico catalán tenga competencias sobre la navegación aérea y la nueva ordenación de los equipamientos comerciales que la Generalitat introdujo para imponer restricciones a las grandes superficies.

Por último, el Ejecutivo se dirige contra el artículo de los presupuestos que permitiría ampliar el número de empleados públicos para nutrir los nuevos servicios de la Catalunya independiente.

La estrategia

Con la interposición del recurso, a solo tres meses de los comicios, el Ejecutivo se apunta un tanto en la competición electoral con Ciutadans por aquellos votantes más antinacionalistas. Siguiendo esta estrategia, la vicepresidenta aprovechó para amenazar a otras autonomías y dejar claro que el Ejecutivo será implacable con aquellas que, en virtud de los acuerdos para formar gobierno, como el que se está fraguando estos días entre PSOE, Compromís y Podemos en Valencia, intenten crear agencias tributarias propias u otros organismos que vulneren las competencias del Estado.

Ahondando en esta tesis, la Generalitat consideró que el recurso demuestra que «la campaña del 27-S ya ha empezado» con un «uso partidista» por parte del Gobierno central de las instituciones "al servicio de la persecución política". Pese a ello, fuentes del Govern aseguraron a la agencia Efe que no cejarán en su empeño de continuar con la hoja de ruta soberanista.

El coordinador general de CDC, Josep Rull, afirmó por su parte que el Ejecutivo central, "con el pretexto jurídico" del recurso, esconde la "voluntad" política de intentar "abatir cualquier mínima expresión de Catalunya como nación". "Es una ofensiva política con todas sus consecuencias", agregó. Ante este escenario, consideró que existe la opción de la «resignación» o la opción de la "dignidad" que pasa por la independencia.