El Gobierno español se desmarca de la decisión de Francia de acabar con la dispersión

Emmanuel Macron recibe a Mariano Rajoy

Emmanuel Macron recibe a Mariano Rajoy / periodico

Aitor Ubarretxena

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La decisión del Gobierno francés de analizar el traslado de presos de ETA recluidos en cárceles francesas a centros cercanos al País Vasco ha puesto las miras en el Ejecutivo español, que ya ha marcado distancias con las intenciones de París. Pese a que por ahora únicamente se ha confirmado que ese acercamiento será progresivo, gradual y e individualizado, el gabinete de Emmanuel Macron ya ha recibido las críticas de las principales asociaciones de víctimas de ETA.

En Euskadi, sin embargo, la noticia fue recibida positivamente por los partidos nacionalistas, que reclaman que España dé pasos inmediatos en la misma dirección. Aunque manteniendo las distancias con EH Bildu, que ha hecho de esta cuestión uno de sus principales reivindicaciones, el PNV ha aplaudido la decisión de Francia, ya que considera que seis años después del fin de ETA y casi un año después de su desarme, el gabinete Rajoy “va tarde” respecto a las demandas de la mayoría de la sociedad vasca. También el PSE, con matices, se ha mostrado dispuesto a “flexibilizar” la política penitenciaria, mientras que Elkarrekin Podemos considera que Madrid debe tomar ejemplo de París.

59 reclusos de ETA en Francia

Actualmente hay 59 presos de ETA encarcelados en una veintena de prisiones francesas. Cerca de la mitad de ellos están bajo el estatuto denominado DPS (Detenido Particularmente Señalado), que implica un régimen de seguridad y de restricciones en el interior de la prisión. La medida del Gobierno galo pondrá en marcha a partir de las peticiones individuales de los presos. Los planes del Gobierno galo contemplan traslado de estos reclusos a las cárceles Mont de Marsan, en Las Landas, y de Lannmezan, en los Altos Pirineos. Se da la circunstancia de que estos centros no tienen módulos de mujeres, por lo que las 13 presas de ETA en Francia quedarían, de momento, sin opción de traslado.

La decisión del gabinete de Macron obedece a varias razones. Por un lado, la presión social en Francia nada tiene que ver con la española, lo que permite mayor margen de maniobra. Y además, un régimen penitenciario menos duro liberaría personal y medios para hacer frente a riesgos mayores, como los vinculados a la amenaza del terrorismo yihadista.

El portavoz del Ministerio de Justicia francés, Youssef Badr, ha desvelado esta semana que su Gobierno las decisiones respecto a los presos de ETA en Francia han sido tomadas con conocimiento del Gobierno español, y ha explicado que criterios que se seguirán para tomar las decisiones sobre cada presos serán su comportamiento en prisión, la fecha de fin de condena y la situación personal de cada preso.

Ante esta confirmación del Ejecutivo galo, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha anunciado su intención de viajar a París en breve para reunirse con Hélène Davo, subdirectora de gabinete de la ministra de Justicia, para trasladarla su malestar. Y también Covite ha solicitado una cita con las autoridades galas.

Por su parte, el Gobierno español no observa ninguna razón para variar su estrategia: no habrá acercamientos de presos hasta que ETA anuncie su disolución definitiva y los reclusos de la banda den pasos hacia la reinserción. La primera condición estaría cerca de cumplirse, ya que asociaciones que tomaron parte en el final de la banda han anunciado que ETA certificará su final en pocos meses. Y también los presos han anunciado su disposición a cumplir las exigencias del Gobierno español para mejorar su situación, aceptando ya sin ambages la legalidad española.