El Gobierno consuma el entierro exprés de la justicia universal

Ajeno al malestar que ha despertado en el sector judicial y las oenegés que luchan por los defender los derechos humanos, el PP consumó ayer su intención de finiquitar la justicia universal. Los populares aprobaron en el Congreso, en completa soledad (salvo el apoyo de Unión del Pueblo Navarro), una reforma que pone tantas trabas a la persecución judicial de delitos como el genocidio o lesa humanidad fuera de las fronteras españolas que prácticamente deja en papel mojado esta posibilidad. La norma se debatirá ahora en el Senado, por trámite de urgencia como en la Cámara baja, de forma que, cuando se apruebe, a finales de marzo, España dejará de ser un referente mundial en el acoso a tiranos o dictadores.

La oposición, que lleva días rebelándose tanto contra el fondo como contra la tramitación exprés de la normativa a través de una proposición de ley, lo que evita los informes preceptivos de los órganos consultivos, se expresó ayer en términos muy duros contra el Gobierno. Todos coincidieron en que Mariano Rajoy demuestra que «se ha plegado» a las presiones de países como China y EEUU, que se oponen a que la Audiencia Nacional investigue el genocidio en Tíbet o la muerte en Irak del cámara José Couso. «El Gobierno paga con esta ley la foto con Obama», denunció Gaspar Llamazares (IU). «Se favorecerá la impunidad de genocidas, tiranos y corruptos», clamó desde UPD Irene Lozano; mientras que el socialista Julio Villarrubia incidió en que el cambio supone el «sobreseimiento de plano» de las causas internacionales que se siguen en la Audiencia Nacional, algo que en su opinión supone «una intromisión intolerable en la potestad jurisdiccional que la Constitución reserva a los tribunales».

LAS LIMITACIONES / La reforma, de hecho, establece que los jueces solo podrán perseguir delitos de extrema gravedad cuando sus presuntos autores sean españoles o extranjeros nacionalizados, lo que implica el cierre, además de las causas mencionadas, de otra docena de investigaciones.

El PP, cuyo portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, reconoció recientemente que la reforma está diseñada para evitar «disputas inútiles que solo generan conflictos diplomáticos», no fue ayer tan lejos y no accedió a la petición de la oposición de reconocer en la tribuna que el cambio obedece a «intereses espurios». El diputado popular José Miguel Castillo Calvín rechazó que el trámite elegido por su grupo no goce de antecedentes y argumentó que la Audiencia Nacional carece de medios para juzgar dichas causas.