La Generalitat contemplaba convertir Catalunya en un paraíso fiscal si salía de la UE

El gobierno de Carles Puigdemont contempló que una Catalunya independiente ofreciera “opacidad y ventajas fiscales” para los capitales como Suiza y Andorra, que hasta hace poco estaban considerados como paraísos fiscales, si no se permitía que el nuevo Estado permaneciera en la Unión Europea. Así consta en los documentos incautados el 20 de septiembre del 2017 al que era secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluis Salvadó, y que se recoge en un extenso informe de la Guardia Civil remitidoel mes pasado al juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-0 y la creación de las estructuras de estado.

Según la documentación intervenida, el cesado Ejecutivo catalán también analizó a los activos de la administración del Estado en Catalunya, tanto edificios, terrenos como bienes inmuebles de "características especiales". El valor económico de los bienes asciende, según esos cálculos, a 19.133 millones de euros. El objetivo, según sostiene la Guardia Civil, es acordar con España su reparto en caso de secesión.

El mismo informe señala que Salvadó disponía de un dossier de la Generalitat en el que se desarrollaban 175 medidas a adoptar por el gobierno catalán y el Parlament para contribuir a la creación de un estado propio, asegurando su funcionamiento, ser reconocido internacionalmente y desplegar su propia administración.

Mossos para controlar la frontera

Entre las medidas que se pretendían adoptar había simbólicas, como la retirada de la bandera española o la supresión de la fiesta del 12 de octubre, y otras jurídicas, de seguridad, como la creación de una unidad de los Mossos para el control de fronteras o un servicio de inteligencia propio, además de judiciales, tributarias y económicas. La Guardia Civil llega a esa conclusión tras el estudio de un documento hallado a la secretaria de Salvadó.  La implementación de un nuevo marco jurídico suponía la entrada y vigor de 41 normas legales. Tras ello, se debía desplegar las estructuras administrativas del nuevo estado.

El informe de la Guardia Civil sostiene que toda esta acción gubernamental “tenía que ir acompañado de la reiterada movilización social a efectos de presionar al Estado español al menos para forzarle a negociar la secesión” que se “pretendía revestir, a través de un referéndum, de legalidad”.

El gobierno catalán descartaba con la independencia, relata los agentes, la fuga de capitales, entre otras cosas, porque pensaban que si se producían tensiones afectaría al sistema monetario europeo. El que fuera secretario de Hacienda también tenía un documento de l’Institut de Estudis d’Autogovern en el que, se reconoce que Catalunya solo podría mantenerse en la UE si cumplían sus normas y que se requería el consentimiento de todos los estados miembros, incluido España. Otro de los objetivos era pertenecer a organizaciones internacionales de relevancia, desde la ONU al Fondo Monetario Internacional.

Planes de tesorería

Salvadó, además, disponía de documentación relacionada con los presupuestos de un estado catalán, planes de tesorería y de la seguridad social. El secretario de Hacienda estaba trabajando, indica la Guardia Civil,  en del desarrollo del fondo de garantía de depósitos, del que indica, que partiendo de 270,31 millones de euros tendría que irse incrementando hasta los 1.642 millones de euros. El banco central catalán era otra de las prioridades y partiría de un capital inicial de 35.000 millones de euros.

Según las estimaciones presupuestarias que barajaba el gobierno de Puidemont, Catalunya dispondría de un superávit económico de entre dos y tres mil millones de euros, si bien reconoce que la deuda pública ascendería entre 178 y 202.000 millones.