Frente común contra una reforma local "revanchista"

Uno contra miles en toda España; uno contra centenares en Catalunya. La reforma de la Administración local que el Gobierno central aprobó en diciembre ha puesto en pie de guerra a numerosos municipios, incluidos algunos del PP, que  ven recortadas sus atribuciones con el pretexto de que el Estado se ahorraría más de 8.000 millones de euros al año. La semana pasada, el Consell de Garanties Estatutàries dictaminó que 24 artículos de la reglamentación del Ejecutivo de Mariano Rajoy vulneran tanto el Estatut como la Constitución, laminan las competencias autonómicas y dejan a los ayuntamientos sin poder actuar en cuestiones esenciales de salud, educación y servicios sociales. Ayer, la vicepresidenta Joana Ortega, los presidentes de las cuatro diputaciones y los líderes de las dos principales entidades municipalistas escenificaron un frente común en el Palau de la Generalitat al firmar un manifiesto en contra de una norma que la propia Ortega calificó como una "revancha legislativa" y un "ataque político" contra la estructura territorial catalana.

Con el apoyo de la mayoría del Parlament, el Ejecutivo de Artur Mas recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional, una medida que  apoyan y que también quieren llevar a cabo los entes municipales. Estos últimos necesitan sumar 1.200 adhesiones de ayuntamientos, que representen a más de siete millones de personas, para poder emprender el mismo camino. La inmensa mayoría de ellos cumplen con el déficit que les ha fijado la Administración central; a no pocos tanto el Estado como los gobiernos autonómicos les adeudan dinero y para más inri ahora se topan con el hachazo del Gabinete del PP. Según explicó el presidente de la Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, "más de 700 ayuntamientos" ya están dispuestos a recurrir ante el alto tribunal.

Falta de presupuesto

La nueva ley aboga por fusionar pueblos pequeños y transferir competencias locales a las diputaciones o a los gobiernos autonómicos, que difícilmente podrán asumir los costes y las tareas que designan algunos alcaldes. "Quieren que se privaticen servicios, está claro que las diputaciones no nos podremos hacer cargo del alcantarillado de tal o cual pueblo", avisó el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve. "No se ha evaluado si tenemos suficientes mecanismos y presupuesto para hacer frente a esos servicios", argumento el presidente de la Diputación de Girona, Joan Giraut. Concretamente en Catalunya, como demuestran varios documentos con los que trabaja el Govern, la reglamentación dinamita la labor que llevan a cabo los consejos comarcales y afecta de lleno a competencias en educación, pues fija cuestiones relacionadas con la organización de los centros, con la evaluación y hasta con las becas, cuestiones que el Estatut atribuye en exclusiva tanto a la Generalitat como a los ayuntamientos.

Todo ello choca además con la ley de gobiernos locales que impulsa el Ejecutivo catalán y que Ortega ensalzó apremiando a la ponencia del Parlament que la estudia para que la tenga lista cuanto antes. Para la vicepresidenta, la norma del PP se gestó desde la «desconfianza» hacia el mundo local. Ella, dijo, intentó reiteradamente que el Gobierno central presentara otro texto. "Nadie nos podrá acusar de no haber dialogado", insistió. Y todos los representantes institucionales coincidieron en que la política de proximidad salta por los aires.