La fiscalía del Supremo no ve indicios para investigar el 'Fernándezgate'

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que no hay indicios suficientes para iniciar una investigación penal contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por sus conversaciones con el entonces jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, un escándalo que, bautizado como 'Fernándezgate', irrumpió en la recta final de la campaña de las elecciones generales y provocó las iras de toda la oposición y, en especial, del independentismo catalán. Tras esta decisión, la investigación sobre una posible guerra sucia contra el soberanismo solo podría ser de carácter político, pues el PSOE tiene previsto promover en cuanto se constituya el Congreso una comisión de investigación sobre el 'Fernándezgate'. Iniciativa que cuenta con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios y que el PP trata de rehuir.

Los fiscales han reunido todas las denuncias que se han presentado por este escándalo, incluidas las de ERC y En Comú Podem, y han escuchado el contenido íntegro de las grabaciones desveladas por el diario 'Público' para analizar su alcance penal. Finalmente, no han observado la comisión de delitos "para iniciar un proceso por preconstitución falsa de pruebas" ni por prevaricación administrativa contra el ministro del Interior, que, al ser aforado, tendría que ser investigado por el Tribunal Supremo.

Analizadas las grabaciones, la fiscalía considera que esta grabación se llevó a cabo por un tercero, que es el que ha cometido el delito, así como la persona que la filtró a 'Público', pero no el diario digital. Por ello, los fiscales creen que es preciso determinar si este sistema de escucha estaba instalado en el despacho del ministro, donde se llevó a cabo la reunión con el exjefe de Antifrau, y quién decide su divulgación. Estas fuentes rechazan que la grabación se haya podido llevar a cabo a través de un 'hackeo' del móvil de los interlocutores, entre otras cosas porque en este departamento hay instalados inhibidores. Será la fiscalía de Madrid la que investigue la posible comisión de un delito de revelación de secretos.

SOSPECHAS DE MALVERSACIÓN

Lo que sí va a investigar la fiscalía de Barcelona es la gestión de Daniel de Alfonso al frente de la Oficina Antifrau por si ha podido cometer un posible delito de malversación de caudales públicos. En la conversación que mantiene con el ministro del Interior, De Alfonso sostiene que está intentando convencer "al Grupo Planeta" para que investigue al padre del líder de ERC, Oriol Junqueras.

En concreto, los fiscales ponen bajo sospecha a De Alfonso por esta afirmación que se escuchan en su conversación con Fernández Díaz: "Estoy intentando convencer al Grupo Planeta para que haga una investigación para que no aparezca nadie y no sea nada sospechosa, y me averigüe si es un enriquecimiento en el municipio de Puigcerdà del padre de Oriol Junqueras". Fuentes fiscales han explicado que si finalmente este grupo editorial llevó a cabo las mencionadas pesquisas y las pagó con sus propios fondos no habría delito y que este solo se habría cometido si la misma fue sufragada con fondos públicos de la Oficina Antifrau.

Los fiscales del Tribunal Supremo han dirigido un escrito a la fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, que finalmente ha ordenado la apertura de un proceso en las fiscalías de Barcelona y Madrid de estos hechos.

DESTITUIDO

De Alfonso fue apartado por el Parlament del cargo de director de la Oficina Antifrau por un "grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones" a raíz de la publicación de esas grabaciones.