La fiscalía prorroga la investigación contra los alcaldes por el 1-O

La fiscalía catalana está prorrogando las investigaciones abiertas contra diferentes alcaldes por su colaboración en el referéndum unilateral del 1-0, según confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes de esta institución. Los alcaldes de Mollerussa, Marc Solsona -uno de los nombres que suenan como posibles candidatos a la presidencia de la Generalitat-; Pont de Suert, José Antonio Troguet, y Oliana, Miguel Sala, fueron los primeros ediles que comparecieron en la fiscalía. A ellos les siguieron otros representantes municipales. En la Fiscalía de Barcelona se están tramitando cinco casos. El resto están repartidos.

Las investigaciones contra los alcaldes se iniciaron, en su mayoría, el pasado septiembre y este marzo se cumplieron los seis meses previstos en la ley para concluirlas y, por lo tanto, decidir si se archivan o se presenta denuncia. Sin embargo, los fiscales han empezado a pedir se prorrogue ese plazo. La Fiscalía General del Estado ya ha autorizado las solicitudes que se han formulado, aunque hay asuntos que se incoaron más tarde y no se ha oficializado este trámite.

Las mismas fuentes jurídicas han explicado que no se ha aclarado del todo la actuación de los regidores investigados. Una de las cuestiones que todavía faltan por esclarecer es si los ayuntamientos cedieron locales de titularidad municipal para la celebración del referéndum. Algunas fiscalías han requerido a las policías locales que se les informe sobre si esto se produjo. Cuando se reciban esos datos se decidirá si se presenta denuncia.

En este sentido, hay división de opiniones. La decisión final corresponderá tomarla al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que ya ha tenido reuniones con los jefes de las fiscalías provinciales para debatir el asunto, y al fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.

Detenidos

Las investigaciones se derivan de la instrucción que en septiembre dictó el entonces fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Manza, para que se citara a los alcaldes que firmaron decretos para ceder locales para el 1-0, con la advertencia de que si no comparecían serían detenidos.

En esta instrucción se detallaba que el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido la convocatoria de la consulta y la ley que la regulaba. Al entender de la fiscalía general, la "notoriedad de la prohibición de los actos del ilegal referéndum" hace que "cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares" para tal fin sea "indiciariamente" constitutiva de, al menos, los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Ahora lo que se pretende acreditar es si realmente los ayuntamientos cedieron locales o si solo se firmaron los decretos.