La fiscalía rechaza que se investigue por ahora a Pere Aragonès por el 1-O

La Fiscalía Superior de Catalunya no ve, por el momento, suficientes indicios que permitan imputar al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por un delito de desobediencia por la organización del referéndum del 1-O.

En un escrito, el ministerio público responde así a la petición del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que se pronunciara sobre la exposición razonada que le hizo llegar el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que investiga los preparativos del 1-O, en la que señalaba la existencia de indicios para investigar a Aragonès.

En su exposición razonada, el juez instructor sostenía que Aragonès, secretario de Economia cuando sucedieron los hechos investigados, recibió una notificación del Tribunal Constitucional sobre la suspensión del referéndum en la que se le recordaba su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". En la misma notificación, se le advertía de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal" en las que podía incurrir si no atendía al requerimiento. El magistrado concluía que, pese a estas advertencias del TC, Aragonès no hizo nada "para impedir la celebración del referéndum ni para revertir los actos que ya habían hecho con anterioridad a la citada notificación".

La fiscalía sostiene, sin embargo, que Aragonés era un subordinado del que era número dos de Vicepresidència y actual diputado de ERC, Josep María Jové, para el que sí requiere que el TSJC abra una investigación. En su escrito, la acusación pública destaca que a los efectos de la comisión del delito de desobediencia "no es la misma la conducta de quien, desde su relevante posición en la Administración, despliega toda su influencia para procurar la celebración del acto prohibido" que la de quien, desde una posición de subordinación y "con funciones totalmente diferenciadas", se limita a a no impedir la actuación de otros departamentos sobre los que no tiene "capacidad de influencia ni dirección".

Al entender de la fiscalía, la exposición razonada del juez instructor es "excesivamente parca" en cuanto a la indicación de concretos indicios incriminatorios que, "más allá de su mera pasividad", contra Aragonés, por lo que no considera que el TSJC no debe, por ahora, investigarlo,   

Diputado investigado

La fiscalía da luz verde para que el TSJC  investigue a Jové por los presuntos delitos de desobediencia, malversación y revelación de secretos. 

El juez instructor argumentaba que Jové podría haber cometido varios delitos y hace referencia al documento 'Enfocat', considerado la "hoja de ruta" para conseguir la independencia, y agendas manuscritas con anotaciones sobre qué hacer para materializar la "república catalana en el marco de la UE". El magistrado le atribuía la "organización logística" de la consulta soberanista. 

La fiscalía relata en el escrito remitido al TSJC que existen indicios suficientes para atribuir a Jové su participación en actividades delictivas. Y cita su "absoluta inobservancia" al mandato del Tribunal Constitucional de prohibición del referéndum unilateral, así como "la disposición" desde su responsabilidad en el Ejecutivo catalán "de cuantos recursos públicos fueran precisos y necesarios para sufragar la consulta que, según se había convenido, debía llevarse a término".

El ministerio público argumenta que para la existencia del delito de malversación no precisa la cuantificación concreta y exacta del "dispendio de fondos públicos", sino que "basta" con que se acredite el empleo de dinero público a "fines contrarios a los propios a los de una Administración". La fiscalía destaca que desde dicha perspectiva resulta "claro y evidente" que determinados actos, como la cesión de locales públicos para el 1-0 (Jové tuvo una "clara participación"), se integran en el delito de la malversación. Y agrega que el que fuera secretario de Economia fue "responsable directo" de gastos relacionados con la consulta -como campañas de publicidad, buzoneo y captación de observadores internacionales- que ascienden a 2,2 millones de euros, a la vez que le implica en la elaboración del censo electoral para la consulta.