LA CAUSA JUDICIAL CONTRA EL EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT

La audiencia territorial alemana rechaza entregar a Puigdemont a España por rebelión

Carles Planas Bou

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Buenas noticias para Carles Puigdemont. Tres horas después de que se hiciese pública la petición de la fiscalía de Schleswig-Holstein de extraditar al 'expresident' a España bajo el delito de rebelión, formulada el pasado 9 de mayo, la audiencia territorial de ese estado alemán ha rechazado la argumentación jurídica de la solicitud. A mediodía de este martes el órgano ha asegurado mantener su postura del pasado 5 de abril en la que consideró esa acusación como "en principio inadmisible".

Poco antes, y tras haber evaluado la nueva información y vídeos aportados por los fiscales españoles durante las últimas dos semanas, el ministerio público de Schleswig-Hosltein había considerado que hay pruebas suficientes para que el líder independentista también sea juzgado por alteración del orden público. A pesar de no haberse pronunciado sobre este delito concreto, la audiencia territorial alemana sí ha detallado que sigue manteniendo abierta la puerta a una posible extradición de Puigdemont por malversación de fondos públicos.

Aunque la fiscalía aún tiene pendiente presentar la solicitud formal de extradición contra Puigdemont, en su peticición desestimada consideraba que se perpetraron "disturbios contra las fuerzas policiales españolas", algo que en la legislación alemana sería punible con el delito de alta traición, el más similar al de rebelión que solicita la judicatura española. Eso es lo que había llevado a los fiscales a replantearse la validez de las tesis argumentadas por el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena.

Descartado el riesgo de fuga

Además, el tribunal alemán ha desestimado inmediatamente la petición de reingreso en prisión del expresidente de la Generalitat después de que el fiscal considerase que se ha incrementado el riesgo de fuga, una valoración que también ha rechazado. Así, como ha explicado una portavoz, el dirigente de Junts per Catalunya "podrá seguir en libertad bajo fianza en Alemania a la espera de una decisión final" que tomará el propio tribunal.

La respuesta de la audiencia territorial a la fiscalía ha vuelto a evidenciar la disparidad de criterio con la que ambas afrontan el caso. El pasado 3 de abril, la misma fiscalía de Schleswig-Holstein solicitó la extradición de Puigdemont avalando las tesis de Llarena en las que se incluían los cargos por rebelión y malversación de fondos públicos. Dos días más tarde, la audiencia territorial del 'land' donde Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo desestimó esa misma solicitud al considerar que no hubo violencia, requisito clave para el delito alemán de alta traición.

A pesar de su rechazo a la petición de la fiscalía, el balón sigue estando en el tejado del tribunal superior de Schleswig-Holstein, que deberá decidir qué hace con el líder independentista. Una decisión que aún no tiene fecha.

Así lo recordó también el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al señalar que aún no hay una "decisión final" y aferrarse a la "buena noticia" que supone, dijo, que la fiscalía alemana se ratifique en pedir la extradición por rebelión. "A veces parecería que el procedimiento está terminado; no está terminado", reiteró.

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, opinó, en cambio, en una entrevista en TV-3, que "es evidente para un observador imparcial que rebelión no hay".

El futuro del líder de JxCat

Como en abril, la decisión definitiva de este órgano será trascendental para determinar el futuro del 'expresident'. De autorizar la extradición, los abogados de Puigdemont podrían presentar un recurso frente al Tribunal Constitucional alemán para intentar frenar ese proceso, lo que alargaría aún más la incertidumbre.

Sin embargo, si en su decisión final el tribunal sigue rechazando la entrega de Puigdemont a la judicatura española por rebelión, delito castigado con hasta 30 años de prisión, solo se le podría juzgar por un cargo menos pesado como es la malversación de fondos públicos. Ese caso se podría dar si el tribunal entiende que sigue sin haber pruebas constitutivas de delito o que se aleguen defectos formales en la causa emitida desde Madrid.

La existencia de ese delito también se ha puesto en duda después de que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegurase que la Generalitat no invirtió fondos públicos en el referéndum unilateral del pasado 1 de octubre.