El fiscal ve terrorismo en la agresión a los guardias civiles de Alsasua

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera terrorismo la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas el pasado día 15 en Alsasua (Navarra), por lo que ha informado a la juez Carmen Lamela a favor de la admisión a trámite de la denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite).

El fiscal José Perals considera que el Juzgado Central de Instrucción número 3 debe hacerse cargo de la denuncia e investigar la agresión sufrida por los agentes, ya que se enmarca "dentro de la campaña de hostigamiento que sufren los agentes en determinadas localidades del País Vasco y Navarra y, concretamente, en la localidad de Alsasua". Para ello considera necesario que el juez de Instrucción de Pamplona que lleva el caso remita testimonio íntegro de las actuaciones incoadas tras la paliza, que se ordene a la Guardia Civil la elaboración de un informe sobre la campaña de acoso que sufren sus agentes y a la Policía Foral de Navarra, las actuaciones practicadas sobre lo ocurrido.

En su informe, de tres páginas, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza sostiene que "se trata de graves hechos delictivos" cometidos "contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública".

El ministerio público se remonta a la Alternativa KAS para defender su argumentación. En ella, entre las exigencias de la organización terrorista ETA para abandonar su actividad, se incluía la expulsión de Euskadi de la Guardia Civil. En los 90, la llamada Alternativa Democrática también recogía esa condición. Y señala fue "uno de los ejes de actuación de la izquierda abertzale", en referencia a los partidos políticos posteriormente ilegalizados por ser parte de la banda terrorista (Herri Batasuna, Batasuna y Askatasuna), por el que se condenó a la Mesa Nacional de Herri Batasuna en 1997. En dicho fallo también se recogía como condición para que ETA abandonase las armas "la salida de las Fuerzas Armadas españolas".

El ministerio público se remite a la sentencia del Tribunal Supremo contra KAS-Ekin, considerado el aparato político de ETA, para recordar que el Convenio de Naciones Unidas para la represión de la financiación del terrorismo destaca que el elemento fundamental para distinguir el terrorismo de los delitos comunes es "la motivación".