El fiscal del Supremo pide que se investigue a Rita Barberá por blanqueo

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se abra una causa contra la exalcaldesa de València y senadora del PP Rita Barberá por la comisión de un presunto delito de blanqueo por las donaciones de 1.000 euros de concejales y asesores del grupo municipal popular.

El ministerio público pide en un escrito remitido al alto tribunal que designe un magistrado instructor, después de que el juez de instrucción Víctor Gómez enviase al Supremo la parte de la investigación que afecta a la senadora el pasado abril.

En esta pieza separada del 'caso Imelsa', con 47 personas imputadas además del PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

SERÍA "INCOHERENTE" NO INVESTIGAR

El magistrado consideraba en su exposición que, habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones municipales del 2015, sería "incoherente" no investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, que tiene la condición de aforada.

El juez, no obstante, señalaba que ni las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación "concreta" respecto a la participación de la exalcaldesa en los hechos objeto de investigación.

El instructor detallaba en el escrito las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

SILENCIO DE GARCÍA-FUSTER

Apuntaba que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y existía, además, una relación personal de "estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en el 2003, el 2010 y el 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de València es una pieza separada del 'caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana: diputación, ayuntamiento y Generalitat. La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.