El fiscal solicita siete años de cárcel para el extesorero de CDC

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled solicita siete años y medio de prisión y una multa de 20 millones de euros para el extesorero de CDC Daniel Osàcar por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales. Así consta en el escrito de acusación entregado ayer al juzgado que investiga el saqueo del Palau de la Música. Asimismo, para el exdiputado de CiU Jaume Camps exige un año y medio de cárcel por tráfico de influencias y 10 millones de multa, mientras que para los que fueran máximos responsables del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, reclama 27 años y medio para cada uno por malversación de fondos, falsedad documental, apropiación indebida y fraude fiscal, y para la hija del segundo, Gemma, 26 años. Además, pide decomisar a CDC 6,6 millones de euros por «comisiones ilícitas» y ofrece al partido la posibilidad de defenderse en el juicio. Convergència ya ha depositado una fianza civil de 3,2 millones, por lo que si finalmente es condenado debería pagar 3,4 millones más.

Los directivos de la constructora Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, se enfrentan a cuatro años y medio de prisión. Para otros 10 acusados, las penas que reclama la acusación pública van de los tres años para los empresarios que participaron en el presuntos saqueo de la entidad a ocho años y seis meses de cárcel para la exdirectora general de la entidad cultural Rosa Garicano.

El fiscal resume los factores que, a su entender, permitieron el expolio del Palau y que son «elementos sociológicos e incluso psicológicos», sin los cuales no es posible asimilar la dimensión de los hechos y entender cómo resultó posible su comisión. Primero cita el arraigo histórico y el «merecido prestigio cultural» del Orfeó Català-Palau de la Música en la sociedad catalana, dos elementos que fueron «hábilmente explotados» por Millet y sus «compinches» para enmascarar sus «ilícitos manejos, incluso los más turbios».

A esta situación, el fiscal suma la «notable destreza» del que fuera presidente del Palau a la hora de acometer su estrategia y la de sus colaboradores, «un engañoso marchamo» de respetabilidad con el que lograba eludir en la práctica cualquier tipo de control sobre su gestión. Que Millet y parte de su equipo pudieran cometer el expolio «de forma pertinaz» y continuada durante tantos años sin que nadie formulara reparos o diera la voz de alarma solo se explica, incide el ministerio público, por el paisaje situado al fondo del escenario, donde se observa un «círculo socioeconómico y político ensimismado», donde intereses compartidos de todo tipo «convergieron en una conveniente ceguera». Para el fiscal, «resulta indiscutible» que el perjuicio social de las conductas delictivas va más allá de la cuantía de fondos públicos y privados desviados por los imputados y de ahí «la cólera ciudadana» ante la magnitud del saqueo y la gravedad de los hechos.

ACUERDO CRIMINAL / Además de detallar los mecanismos por los que Millet y Montull se apropiaron de fondos del Palau, la acusación detalla el «acuerdo criminal» fraguado por los directivos de Ferrovial para que entre 1999 y el 2009 esta constructora, a través de la entidad y patrocinios supuestamente falsos, pagara comisiones por valor de 6,6 millones de euros a CDC, participando en su «financiación ilícita». Se trataba, incide, de garantizar una actitud proclive a Ferrovial que se materializó en resoluciones favorables a dicha empresa en la concesión de obras públicas como la Ciutat de la Justícia o la línea 9 de metro. Un «verdadero peaje», según Anticorrupción.

En opinión del fiscal, es una «trama de comisiones ilícitas satisfechas a una fuerza política cuyos responsables cuentan con ascendencia suficiente como para influir de forma determinante en organismos competentes para adjudicar obras de envergadura». En la organización de este mecanismo «ilícito» participó «como mínimo» el extesorero de CDC fallecido en el 2005, Carles Torrents, en «colaboración directa» con Jaume Camps, quien «aunaba  todos los elementos precisos para desempeñar funciones de enlace en el momento del establecimiento del acuerdo criminal», pues era «destacado militante y parlamentario de CDC» y, por otra, prestaba servicios profesionales de Ferrovial. El sistema luego continuó y se perfeccionó, relata el fiscal, con el sustituto de Torrent, Daniel Osàcar. Además, apunta que dirigentes del partido no identificados se unieron al tesorero para ejercer el «ascendiente» sobre los cargos políticos.