El fiscal señala a la cúpula de UGT-A por las facturas falsas

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en el punto de mira a las anteriores cúpulas del sindicato UGT en Andalucía, especialmente a los dos últimos secretarios generales, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, para los que pide su imputación en la causa sobre las facturas falsas. El fiscal entiende que, como máximos responsables de la organización, también lo son de la supuesta financiación «ilegal» del sindicato a través de «la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación».

El escándalo se destapó tras varias denuncias de extrabajadores en prensa, que fueron judicializadas por el sindicato Manos Limpias poco después. La investigación interna del sindicato concluyó que no había financiación irregular, aunque admitió «errores administrativos». No obstante, la decisión de la Junta de Andalucía de reclamar la devolución de 1,8 millones de euros por sendas ayudas otorgadas en 2009 cuyo destino no fue suficientemente justificado --ya son 4,9 millones los reclamados para su reintegro-- acabó provocando la dimisión de Fernández Sevilla ocho meses después de asumir el cargo.

A juicio del fiscal, ambos dirigentes «no solo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos», que se remontan a la puesta en marcha de la denominada «central de compras». Según se deduce de las investigaciones policiales y del testimonio de varios sindicalistas detenidos por esta causa --entre ellos el extesorero--, dicha central fue «inspiración directa de Pastrana y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de Organización, sino en el periodo que sucedió» a aquel, y permitió prácticas como el rapel o el bote.

El fiscal detalla como «se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato». Las facturas presentadas a la Administración autonómica para justificar las subvenciones no incluían ese descuento, «lucrándose así en el exceso el sindicato y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración». Esa diferencia a favor se repartía posteriormente entre la propia estructura regional y las uniones provinciales a través de la comisión ejecutiva.

MAGNITUD / Asimismo, la fiscalía considera que UGT-A encargó «facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaban a formar parte de una cuenta acreedora con terceros, y siempre previo pago de esas facturas». Anticorrupción concluye que este modo de financiación irregular «habría llegado a tener tal magnitud que, prácticamente, casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con fondos destinados a subvenciones para la formación».

La comisión ejecutiva decidía «las empresas que pagaban el rapel», según las declaraciones en las que se apoya el fiscal, así como la retención del  20% de las ayudas recibidas para su uso en gastos corrientes, el conocido como «canon revolucionario».